La Procuraduría General del Estado presentó una demanda penal contra Wilfredo Chávez, extitular de esa instancia y allegado a Evo Morales, por contratos observados que habría realizado durante su periodo en el cargo y que habrían constituido un daño económico al Estado de Bs 5.433.603,9.
Se trata de diez contratos por servicios legales que se realizaron durante la gestión de Chávez, entre 2021 y 2023, y que ahora son cuestionados por la Procuraduría, argumentando que los trabajos podían ser realizados por abogados de la institución o que no cumplieron el procedimiento institucional.
Además, el procurador César Siles dijo que en los tres años de gestión de Chávez se gastó más de 93 millones de bolivianos en la contratación de abogados nacionales y extranjeros, bufets, consorcios y peritos.
“Estamos hablando de una denuncia presentada hoy al Ministerio Público ya la espera de la asignación de un fiscal, de un juez cautelar, contra servidores públicos, especialmente contra la ex máxima autoridad ejecutiva de esta entidad, por varios delitos de corrupción”, afirmó Siles en conferencia de prensa en La Paz.
Chávez aún no se pronunció ni respondió a esta denuncia.
De acuerdo con el director Jurídico de la Procuraduría, Aldo Torrez, la denuncia se centra en diez de más de 30 contratos que se firmaron en la gestión de Chávez, y que fueron sometidos a una auditoría rigurosa.
Entre las irregularidades identificadas -según Torrez- está la firma de contratos, porque “no se tenían la justificación necesaria” debido a que la Procuraduría cuenta con la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con más de 20 abogados, que debía asumir esta labor. La Procuraduría cuenta con una planta de 200 funcionarios, de los que más de 170 son abogados.
La auditoría identificó que en uno de esos casos el bufete de abogados no cumplía requisitos previstos en el Reglamento de Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados, como también la matrícula actual del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), la falta de poder o mandato específico y la ausencia de informe legal que justifique la contratación.
Siles dijo que se contrataron abogados cuando el arbitraje planteado aún no había iniciado, para una etapa prearbitral, sin que se tenga atribuciones para tal efecto. En ese caso el pago al abogado se realizaba por hora y no se garantizaba el cumplimiento.
