El presidente Luis Arce se reunió ayer con los alcaldes de las nueve capitales de departamento, además de El Alto y más tarde con los nueve gobernadores del país. Con los alcaldes, el jefe de Estado acordó realizar acciones judiciales, en el ámbito constitucional, contra la Asamblea Legislativa para que ésta “libere” cerca de $us 1.000 millones de créditos pendientes para su aprobación.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, precisó a EL DEBER que en la Asamblea Legislativa están retenidos créditos internacionales por alrededor de unos $us 1.000 millones, que son recursos destinados para proyectos de desarrollo.
“Primero se hablaba de 1.000 millones (de dólares) pero se han ido aprobando unos cuantos ya. Ahora estamos esperando que los que faltan se puedan ir agilizando, pero son muchos recursos que pueden ser muy bien invertidos en las alcaldías, en obras que son de gran necesidad”, afirmó el burgomaestre cruceño.
El encuentro programado con los alcaldes para las 08:00 de ayer martes, se retrasó tres horas y empezó al promediar las 11 de la mañana en el edificio del Órgano Ejecutivo. Concluyó después de las 13:30 cuando el jefe de Estado, salió junto a los alcaldes para informar los seis puntos de las conclusiones del encuentro.
Contra el Legislativo
Uno de esos puntos es que la Asociación de Municipalidades de Bolivia acordó con Arce, realizar “acciones constitucionales” contra la Asamblea Legislativa por la “obstaculización y paralización” a los préstamos internacionales que “perjudica el desarrollo de todos los niveles de gobierno (central, departamental y municipal)”.
Para tal efecto se formará una comisión jurídica que trabajará en esas acciones judiciales. En principio los alcaldes acusan a la Asamblea Legislativa por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes. Adelantaron que van a presentar ante las instancias pertinentes, en este caso, ante el Tribunal Constitucional, acciones populares de cumplimientos.
“Estamos muy preocupados por los proyectos de ley que están en el Parlamento que hasta ahora no han sido tratados, vemos que hay incumplimiento de deberes y se va a conformar una comisión jurídica para que accione y haga cumplir las normativas que establece la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa”, señaló el alcalde Fernández.
A su turno, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, añadió que también se presentarán recursos como acciones populares en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe el financiamiento internacional para los municipios.
¿Las acciones judiciales serán contra David Choquehuanca como presidente de la Asamblea Legislativa?, preguntaron los periodistas a Reyes Villa a lo que él respondió: “Aquí no es solamente una persona. Son varios senadores y diputados que tienen que cumplir con su deber”.
Acto seguido, el Alcalde cochabambino dio un consejo a los legisladores: “Yo les recomiendo a los asambleístas: más allá de las recomendaciones de sus jefes de partidos políticos piensen en el país. Yo creo que es momento de la unidad y de pensar en Bolivia”.
Crédito japonés
Como una forma de paliar la falta de recursos en los municipios, el presidente Arce prometió a los alcaldes de las nueve ciudades capitales más El Alto, que les dará una inyección de liquidez de 50 millones de dólares de un crédito japonés que está pendiente en la Asamblea Legislativa. Esa cantidad se repartirá entre las 10 ciudades, es decir que cada una recibiría cinco millones de dólares.
“Tenemos varias leyes que están en la Asamblea Legislativa (…) sin poderse aprobar y hay uno en particular que nos daba como Gobierno nacional la liquidez para poder reponer los recursos que en su momento el Tesoro General de la Nación había incurrido en la lucha contra el Covid 19. De aprobarse este crédito nosotros nos hemos comprometido que el equivalente a 50 millones de dólares, va a ser distribuido para las diferentes capitales de departamento y la Alcaldía de El Alto”, afirmó Arce.
El crédito al que hizo referencia el jefe de Estado es el proyecto de ley 156 2023/2024 que “aprueba el Convenio de Préstamo apara el programa ‘Apoyo de emergencia para respuesta a Covid 19’, suscrito el 30 de marzo de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA”.
El préstamo japonés es de 15 mil millones de yenes japoneses, que son equivalentes a unos 120 millones de dólares.
Este proyecto de ley se trató en la sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio convocada por Andrónico Rodríguez en su calidad de presidente en ejercicio del Legislativo. No obstante, dicho proyecto fue observado por los legisladores porque el mismo no explicaba en qué se gastarían esos recursos dado que terminó la pandemia del Covid. Por lo tanto, fue enviado a la comisión respectiva para su revisión.
No obstante, el alcalde Reyes Villa señaló que este proyecto de crédito estaría en el Senado tras su aprobación en Diputados. “Estamos esperando, es un crédito japonés y esperamos que esta próxima semana esto pueda aliviar a diferentes municipios sobre todo a Pando, Beni y Potosí que realmente lo necesitan”.
Además de esos puntos, el presidente Arce y los alcaldes acordaron la reprogramación de créditos de municipios capitales al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); impulsar y abrir fuentes de financiamiento en el sector privado; un proyecto de ley de ampliación de gastos de funcionamiento para los municipios y un presupuesto especial para el programa del Bicentenario.
Con las gobernaciones
En la tarde, el presidente Arce se reunió con los nueve gobernadores del país, encuentro que concluyó en 12 puntos, entre los cuales, las gobernaciones se comprometen a “realizar un mayor control y fiscalización a la explotación de los recursos naturales, ya sean hidrocarburíferos, minerales y forestales”.
También se acordó aplicar el Decreto 4693 que autoriza al FNDR reprogramar y/o condonar las deudas contraídas. Las gobernaciones, así como los alcaldes también miran al sector privado para algunas prestaciones de servicios de transporte, producción agrícola y turismo; también buscarán nuevas fuentes de financiamiento para las gobernaciones.
El presidente Arce destacó que el control de las gobernaciones a la explotación de recursos naturales permitirá que las regalías se queden en las gobernaciones “generando ingresos genuinos es de vital importancia”.
