Luego de que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho tildara de «lapidario» el informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, salió a responderle en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Iván Lima.
«No podemos admitir que existan presos políticos en el país, lo que existe, y lo reconoce la CIDH, es la obligación del Estado de sancionar, investigar y llevar en un debido proceso el enjuiciamiento de esas graves violaciones a los derechos humanos, afirmó.
Según Lima, en las listas que circulan permanentemente de presos políticos se encuentran personas, como los ex ministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, además de los militares y policías «que masacraron al pueblo boliviano en Sacaba y Senkata«.
El ministro afirmó que han visto el informe como una oportunidad, una agenda para mejorar en materia de derechos humanos, pero recalcó que no permitirán la tergiversación.
«Le estoy hablando al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que en las últimas horas ha referido que este informe hablaría de la existencia de presos políticos en el país, y que adicionalmente se haría una investigación internacional, con un actor que pueda venir a supervisar el funcionamiento de la justicia boliviana», apuntó.
En la misma línea, Lima tildó de falsos los puntos observados por Camacho. «No corresponde a la verdad, la Comisión Interamericana aclara que este informe no tiene el objetivo de determinar responsabilidades individuales o estatales con respecto a casos específicos de posibles violaciones de derechos humanos, ni dilucidar hechos que están bajo investigación nacional o sometidos a conocimiento de instancias internacionales”, dijo.
La agenda, según Lima
Lo que sí parece fundamental al ministro, en el informe, es la reforma judicial integral. Dijo quela CIDH identifica varios puntos, sobre los cuales aseguró que el país está avanzando.
«El punto 1 es la carrera judicial, la institucionalidad, hay que informar al país que solo quedan seis jueces transitorios, de los más de 500 en esta gestión de Gobierno, lo que ha llevado a la institucionalización del Órgano Judicial», apuntó.
«Hoy se están tomando exámenes a los postulantes a fiscales, ya que hay una carrera fiscal institucionalizada en Cochabamba», recalcó, además de superar los 67 jueces formados por la Escuela de Jueces, y que están trabajando ya en todos los departamentos.
Mencionó también el tema presupuestario, planteado por la CIDH, y aseguró que está siendo encarado por parte del Ministerio de Economía.
Sostuvo que la buena noticia es que esto permitirá que la Fiscalía tenga un nuevo edificio en Santa Cruz de la Sierra, y admitió que hay que seguir mejorando en el tema de dar más recursos al Órgano Judicial.
Otro aspecto abordado por la CIDH tiene que ver con implementar leyes y normas que eliminen el tipo penal de terrorismo y normas que violan el principio de legalidad.
«Hay que recordar al país que el Gobierno de Luis Arce ha mandado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de reforma de todos los delitos que están siendo cuestionados por la CIDH, es un proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones internacionales que actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados», dijo.
Lima pidió a la ALP que dé cumplimiento al tratamiento de esta norma, y lo propio en relación a la recomendación de que en Bolivia debe disminuir detenidos preventivos.
«Ya estamos prontos a llegar a los 30 mil detenidos preventivos. El Gobierno y el ministro de Gobierno han mandado a la ALP un proyecto de ley de manillas electrónicas que disminuirá el hacinamiento y la detención preventiva en centros carcelarios del país. Somos el país con el tercer nivel más alto de hacinamiento de Latinoamérica, y tenemos que resolver esta situación cuidando a nuestras víctimas», puntualizó.
Según Lima, el compromiso de Luis Arce es una reforma judicial y reiteró la exhortación a la ALP para que continúe «como hasta ahora, con un proceso transparente de elección de las autoridades judiciales».
