En un giro sorprendente de eventos, la Fiscalía y la Policía lograron desbaratar una operación delictiva en la que una banda de narcotraficantes empleaba a cinco menores de edad de una escuela para introducir drogas en el penal de San Pedro, en Oruro.
Según la información proporcionada por la Fiscalía, los adolescentes recibían compensaciones monetarias que oscilaban entre 30 y 40 bolivianos, por ingresar a su establecimiento educativo con los paquetes de droga y luego de ello, debían lanzarlos al recinto carcelario que está colindante.
El recinto carcelario está colindante a un establecimiento educativo/Foto: Emilio Huáscar
Este caso generó inquietud en la comunidad, especialmente entre los padres de familia, debido a la cercanía del centro educativo con el recinto carcelario.
Varios escolares se encuentran bajo investigación. Las autoridades buscan esclarecer este alarmante caso y desmantelar la red de microtráfico que se había establecido para introducir drogas al penal orureño.
La Fiscalía sospecha que, tras las detenciones previas de individuos que intentaban ingresar droga al penal de San Pedro, los narcotraficantes buscaron nuevas formas de introducir la sustancia ilegal. En este caso, recurrieron a los estudiantes, quienes eran utilizados como puente para que la droga llegue hasta el penal que está colindante al centro educativo.
En otras ocasiones, varios reos fugaron de la cárcel utilizando los ambientes de la unidad educativa.
Los narcos reclutaron a cinco estudiantes/Foto: Emilio Huáscar
El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, reveló que los menores de edad eran utilizados para arrojar paquetes y bolsas de distintos tipos y tamaños que contenían tanto cocaína como marihuana. Estas eran recibidas por internos del penal en un horario preestablecido.
Morales expresó su preocupación por la situación de los estudiantes, de edades comprendidas entre 12 y 14 años, quienes fueron instrumentalizados por esta banda de criminales para facilitar el ingreso de drogas al penal orureño.
La investigación está enfocada en identificar a los miembros de la red, tanto dentro como fuera del penal, que estaban en contacto con los menores de edad. Se revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar qué internos podrían estar involucrados en este ilícito.
El fiscal señaló que la colaboración de los estudiantes implicados está siendo procesada con medidas adecuadas, con la participación de psicólogos para garantizar su bienestar. Es más, acotó que, para no entorpecer la investigación, se limitará la divulgación de detalles del caso.
