Solamente un inmueble de Bajo Llojeta –la zona que el 23 de noviembre sufrió un deslizamiento de mazamorra–cuenta con el registro catastral correspondiente en la administración municipal de La Paz, informó este lunes la Alcaldía paceña.
“Existe sólo un predio que tiene un registro catastral en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que se otorgó el 25 de enero del pasado año a cargo de Derechos Reales, que fue a consecuencia de un juicio de usucapión”, dijo Diego Chávez, secretario municipal de Planificación.
La tragedia del sábado afectó a unas 40 viviendas e incluso una niña de cinco años perdió la vida sepultada por el lodo.
Del hecho, la Alcaldía y vecinos afectados culparon a la empresa propietaria del Cementerio Los Andes por supuestamente realizar movimientos ilegales de tierra con autorización del municipio vecino de Achocalla.
“Los antecedentes más antiguos que tenemos en este momento son del año 2020, cuando la Dirección de Riesgos ha intervenido y les ha advertido a ellos que no hagan movimientos, pero no solo hicieron movimiento de tierra, sino también hicieron relleno trayendo material de otros lugares”, aseguró el alcalde de La Paz, Iván Arias, según una nota publicada por la agencia de información municipal.
Reunión de municipios
Arias se reunió con el gobernador de La Paz, Santos Quispe, tras lo ocurrido en Bajo Llojeta y le solicitó la convocatoria a una reunión con los alcaldes de Achocalla y Mecapaca.
“Tenemos que ponernos de acuerdo en una normativa común y aplicar (todos) esa normativa”, señaló Arias.
Arias indicó que, en la actual situación, algunas empresas constructoras se aprovechen de las diferencias normativas existentes entre los municipios.
“Nuestra normativa respeta mucho estos temas de riesgo, mientras que otras no. Esto ha llevado a que constructores se vayan a Achocalla y saquen (autorizaciones)”, dijo.