La Fiscalía presentó una imputación formal por el delito de encubrimiento de ultrajes sexuales contra los sacerdotes Marcos Recolons y Ramón Alaix, exprovinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia. El caso está vinculado con decenas de violaciones cometidas por Alfonso ‘Pica’ Pedrajas, un sacerdote español que confesó ser pederasta en su diario.
La imputación fue presentada tras la culminación de la primera fase de las investigaciones preliminares en el marco de las derivaciones penales del caso ‘Pica’. En su caso, el proceso se extinguió.
La Compañía de Jesús, a través de un comunicado, aseguró que respetará las decisiones de la Justicia y que continuará colaborando con las investigaciones del Ministerio Público de Bolivia.
El presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de esas violaciones, Wilder Ernesto Flores Jaldín, calificó a esa imputación de “un pequeño logro”. Confirmó que fueron notificados con la resolución de imputación del Ministerio Público y que se reunirá con sus pares para analizar los alcances de la acción legal.
“Estamos todavía en situación de alerta. Esta imputación para nosotros es realmente muy importante, nos abre las puertas para consolidar la responsabilidad de la Compañía de Jesús. La imputación de los dos exprovinciales significa mucho porque nosotros tenemos identificados nueve perpetradores (al interior de esa comunidad religiosa)”, dijo.
“Cabe resaltar que uno de los denunciantes de este caso es, precisamente, el actual provincial, Bernardo Mercado, lo que demuestra el espíritu de transparencia y total colaboración con la Justicia de la Compañía de Jesús en Bolivia; cooperación que ratificamos para la siguiente fase de este proceso, en la cual la Justicia deberá establecer si es o no probada dicha sindicación de encubrimiento”, apuntó en contrapartida el comunicado de la comunidad jesuita de Bolivia.
La organización religiosa también informó que continuará recibiendo denuncias de las víctimas en su “centro de escucha y atención”, y que, asimismo, seguirá aplicando sus nuevos protocolos de prevención establecidos para todas sus obras en Bolivia.
“La Compañía de Jesús lamenta profundamente la dignidad vulnerada de las víctimas de abusos clericales, en particular de aquellos cometidos por jesuitas y expresa su activa solidaridad a cada una de ellas”, apostilló el clero.
Hay nueve identificados
“Por cada perpetrador hay un provincial que conocía el hecho. Imagínense, por cada perpetrador hay cinco superiores, con altos cargos, que conocían de estos hechos”, remarcó Flores sobre la orientación penal que ellos esperan que asuman desde la Fiscalía del país.
El Colegio secundario Juan XXIII era un internado en la década de los años ochenta del siglo pasado. Según los exalumnos de esa entidad, los delitos se cometieron entre 1983 y 1997. Las víctimas, jóvenes de escasos recursos, son muchas. El mismo ‘Pica’ en su diario escribió :“Hice daño a mucha gente, a demasiados”. Se calcula que fueron 85 las víctimas.
“Es terrible lo que han hecho y es de responsabilidad, no solo de Bolivia, sino de las máximas autoridades de los jesuitas de España” dijo Wilder Ernesto Flores.
El titular de la Comunidad de Sobrevivientes expresó su preocupación porque de los dos religiosos que estaban destinados al Juan XXIII uno tenía persecución penal, pero que lo hicieron escapar de España. Expreso que lo trajeron a Bolivia para ponerlo como responsable del internado donde se cometieron los delitos.
También aseguró que el jesuita español Luis Gonzales tenía sentencia penal por violación de una niña de ocho años, pero aún en esa condición fue traído a Bolivia para ocupar el cargo de profesor de ética en El Alto. “Este tipo de perpetrador tiene que dar una explicación porque con conocimiento pleno los traen y siguen cometiendo delitos”, señaló.
Sobre Compañía de Jesús
Flores dijo que la Compañía de Jesús se identifica como denunciantes, “pero no es así”.
Señaló que en el caso de ‘Pica’ se abrió de oficio la denuncia por el anterior procurador del Estado.
Asimismo, otra víctima que denunció fue Pedro Lima Salazar, se hace la denuncia para hacer. Recordó que otro caso lapidario fue el de Charagua. Por este y otros casos afirmó que el 15 de marzo se realizó una reunión entre representantes de 11 países por considerar que los jesuitas forman parte de una organización mundial, pero que ahora con la imputación se abre el camino a la justicia que puede concluir con el resarcimiento de los daños.
Desde la Conferencia Episcopal de Bolivia pidieron que este caso no sea “politizado”.