El informe sobre lucha contra la corrupción del Viceministerio de Transparencia reveló que desde el mes de junio de 2023 a la fecha registró 1.771 denuncias de corrupción en todo el país. Una simple operación aritmética arrojó el resultado de ocho denuncias cada día. El informe de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional ubicó a Bolivia entre los tres países con peores índices de Sudamérica, pero el Gobierno rechazó esos datos.
Eso sí, según la información del gobierno, el 20% de las denuncias fueron rechazadas; el 38% está admitido; mientras que las pendientes alcanzan a 634 casos el 35,7%; el resto se divide entre cuatro grupos. “Desde junio que están operando los diferentes sistemas a la fecha, es decir en las 356 unidades de transparencia que interoperan en todo el Estado tenemos 1.771 denuncias recibidas”, explicó la viceministra de Transparencia Susana Ríos.
En una extensa presentación de los casos que llegan a esta cartera de Estado, se pudo observar que el municipio de La Paz es el que mayor cantidad de denuncias presenta con el 54,8% de los casos, aunque la autoridad matizó esas cifras y dijo que las personas que quieren denunciar algún hecho desde otros departamentos prefieren trasladarse a La Paz.
“Nosotros preferimos atender y hacer la investigación en La Paz porque a veces tenemos mayor objetividad, si derivamos cualquier caso a la distrital o al mismo municipio, en el municipio no va a pasar nada”, lamentó.
A juicio
Más adelante dijo que ya hay 861 casos que fueron derivados a la justicia ordinaria; de esa cantidad, solo 8 tienen sentencia ejecutoriada. La autoridad dijo que no es posible revelar el nombre de las personas que fueron sentenciadas. “No se puede publicar (los nombres) porque es información que afecta a la persona, yo no puedo decir ‘Juan Pérez ha sido sentenciado a 10 años’ esa información es personalísima y no se puede publicar. A nivel estadístico están los datos, cuántos casos, en qué etapa están, dónde están ubicados los casos, esa información es verificable, para seguimiento”, justificó Ríos.
De los 861 casos de corrupción que están en la justicia ordinaria, 295 siguen en la etapa preliminar; 233 en etapa preparatoria; 264 casos están en juicio oral; 61 están en la etapa de recursos, sumado todos los procesos son los 861 casos penales.
Otro grupo es el de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) que ya llegan a 791 casos. Hay 24 casos que llegaron a la etapa de juicio ejecutoriado, sin embargo, tampoco se pudo conocer qué casos fueron los que ya concluyeron y quiénes eran los acusados. La mayoría, 265 casos están en etapa preliminar; 208 ya están con acusación formal; 164 estarían en etapa de juicio oral; mientras que 60 están en la fase de recursos.
Abreviados
Tres abogados aseguraron que las denuncias por hechos de corrupción pueden llegar a juicio, pero que es muy difícil que lleguen a una sentencia porque en el camino, los asesores jurídicos de las entidades afectadas ofrecen salidas alternativas; es decir, piden al acusado someterse a juicio abreviado, a cambio de que no es decomisen sus bienes.
“Los delitos de corrupción están siendo atendidos por el Ministerio Público, pero cuando los montos son accesibles para resarcimiento del daño, los denunciados se acogen al programa de justicia restaurativa y es una forma de resolver el conflicto penal”, dijo el abogado, Andrés Zúñiga.
Su colega, Manolo Rojas, fue más allá y declaró que es casi 100% seguro que los ocho casos que tienen sentencia ejecutoriada llegaron a esa fase porque hubo una negociación entre acusadores y acusados para someterse a juicio abreviado.
Eusebio Vera, también dijo que la falta de transparencia para brindar datos sobre quiénes fueron sentenciados por hechos de corrupción se debe a que son dirigentes políticos. Se negocia con los subalternos que son los que llegan a juicio. Recordó que en el Gobierno de Evo Morales y en el de Luis Arce, los ministros acusados de hechos de corrupción jamás recibieron una condena.
Los bienes
Asimismo, se presentó el informe sobre incautación de bienes muebles, inmuebles y dinero. El reporte señala que son 35 inmuebles cautelados; en la misma situación 59 muebles; otros 357 inmuebles ya tienen anotación preventiva; en la misma situación están 184 muebles y cierra el grupo ocho inmuebles decomisados.
En cuanto al dinero hay Bs 112.836.642 en poder del Estado, producto de hechos de corrupción; aunque solo el 1,6 % de ese monto está con anotación preventiva que significa Bs 1.837.884; mientras que el 98,1% no está clasificado y el monto alcanza a Bs 110.704.757. El monto más pequeño es el dinero confiscado que llega a Bs 293.001.
Informe IT
Ríos descalificó el reporte de Transparencia Internacional sobre Bolivia, dijo que el Gobierno no reconocerá las conclusiones porque desconocen la metodología que usó esa organización para medir la corrupción.
Afirmó que se trata de un informe poco transparente porque hay países que tienen problemas y observaciones a nivel de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) porque son países donde se hace lavado de dinero.
Asimismo, lamentó que el Gobierno como ente interesado no haya sido tomado en cuenta, es decir que no hubo entrevista con autoridades estatales y se desconoce cómo levantaron los datos.
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