La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la toma de unidades militares en el trópico de Cochabamba y la retención ilegal de militares por parte de manifestantes de Evo Morales y pidió garantizar la vida de rehenes. Ayer, luego de una audiencia en La Paz, la justicia decidió enviar a la cárcel a 20 bloqueadores y se volvió a instalar el bloqueo en el municipio de Parotani. Los sectores que responden a Morales rechazaron el cuarto intermedio.
“La CIDH manifiesta preocupación ante la agudización de la conflictividad en el país (Bolivia), en particular por reportes sobre la toma de un regimiento militar en Villa Tunari y la retención ilegal de integrantes de las Fuerzas Armadas por parte de civiles. En ese contexto, llama al Estado a tomar medidas para garantizar la vida de las personas retenidas y atender los puntos de conflictividad, privilegiando el diálogo”, comunicó el organismo internacional a través de sus cuentas en redes sociales.
Evo Morales y sus seguidores cumplieron ayer 21 días de bloqueo centrado en el departamento de Cochabamba. El pasado viernes, los afines al líder cocalero tomaron tres unidades militares en el Chapare e hicieron rehenes a militares y personal civil de una de las unidades, en un hecho que fue calificado por el presidente Luis Arce como “traición de la Patria”.
Incluso, la Cancillería denunció este hecho ante la comunidad internacional y resaltó que el Gobierno de Arce está predispuesto a iniciar el diálogo con Morales, si es que se levantan las medidas de presión, incluida la huelga de hambre a la que ingresó el líder cocalero desde el viernes.
“El anuncio de un cuarto intermedio en el bloqueo de rutas -que no se va a concretar- y su sustitución por una huelga de hambre solo es una estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta y para llamar la atención de la comunidad internacional. Es decir, detrás de una retórica radical, el proyecto de esta facción política, que nada tiene de progresista y de izquierda, sigue siendo el de acortar el mandato del Presidente Luis Arce”, afirmó la Cancillería en un comunicado.
“En la víspera, tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares de estas unidades y apropiándose de armamento de guerra y municiones, que se encontraban al interior de los recintos castrenses, y que son para uso exclusivo de la institución armada, lo cual, al margen de ser un grave delito, se constituye en una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de imprevisibles consecuencias”, denunció la Cancillería.
Anoche, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, brindó una conferencia de prensa y leyó un documento en el que manifiesta la posición del Gobierno: “Una vez más reiteramos nuestra voluntad del diálogo, en temas que atañen al Poder Ejecutivo”. Además, rechazó tocar temas referidos a la posible candidatura de Evo Morales.
Desbloqueo
La violencia por parte de los bloqueadores se agravó cuando empezó, el pasado viernes, el operativo de desbloqueo del puente en Parotani, un punto clave en la conexión de Cochabamba al occidente. No solo tomaron unidades militares, sino que resistieron con explosivos e incluso disparos de arma de fuego, dejando policías heridos, entre ellos, uno por impacto de bala, según denunció la Policía Boliviana.
“Es primordial que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos que se pronuncien sobre los hechos en cuestión contribuyan, con su discurso, a un ambiente favorable a la deliberación pública abierta y plural”, aconsejó la CIDH.
Por otro lado, también se refirió a las agresiones a la prensa durante la cobertura de manifestaciones y bloqueos. “Urge a las autoridades a proteger a las y los periodistas e investigar los actos de violencia, y llama a civiles en los bloqueos a respetar su labor”, expresó a través de la Relatoría Especial por la Libertad de Expresión.
Ayer en Parotani, después de las 16:00 horas, los sectores afines a Evo Morales colocaron piedras en la carretera y botaron a los policías que se encontraban en el lugar. Tras dejar las piedras, un grupo de pobladores se acercó a los uniformados para reclamarles sobre dos personas que supuestamente fallecieron producto del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los bloqueadores el pasado viernes.
A las 19.00 de ayer, un grupo de policías llegó a Parotani para desbloquear la carretera.
Los pobladores de Parotani denunciaron supuestos abusos de los policías que se quedaron a vigilar la población. También informaron de dos personas del lugar heridas de bala y que fueron llevados a Cochabamba sin conocimiento de sus familias. Estos hechos ocasionaron el reclamo de la población y exigieron la salida del contingente.
Mary Isabel Cuba, de 25 años, y Calixto Adriazola, de 62 años, han sido identificadas como las dos personas heridas de bala internadas en el hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba. Los pobladores los dieron por muertos y fueron a realizar un rastrillaje en el cerro donde están las antenas de Entel.
La Policía no los dejó ingresar al lugar. Este hecho acrecentó los rumores entre la población de un posible fallecimiento. Así denunciaron los familiares ante el dirigente vecinal.
Los familiares lograron verificar que ambos heridos se encuentran en el hospital Viedma y la senadora Lucy Escobar, del ala evista, informó que tuvo entrevistas con los dos heridos y que los responsables del hospital negaron el ingreso a las familias.
Bloqueadores, a la cárcel
La audiencia cautelar contra 20 de los 63 detenidos en Parotani concluyó ayer y la justicia determinó enviarlos a prisión por cuatro meses. Los abogados del MAS evista apelaron la decisión y denunciaron una “abierta violación” de derechos porque no se pudieron comunicar con los bloqueadores detenidos.
“Hace unos minutos terminó la audiencia cautelar de 20 de ellos y los han enviado a diferentes penales por el lapso de cuatro meses, entre San Pedro y Obrajes”, confirmó brevemente el abogado Wilfredo Chávez.
La tarde del viernes, 63 personas fueron aprehendidas en Parotani, 55 llegaron a La Paz la noche del mismo viernes y ayer llegaron los restantes ocho. Los delitos por los que se los acusó, según el Gobierno, son: alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado; tráfico de armas; tenencia, porte, portación ilícita; instigación pública a delinquir; atentado contra la seguridad de los medios de transporte; atentados contra la seguridad de los servicios públicos; asociación delictuosa; y secuestro.
Ayer, la Defensoría del Pueblo reportó, en su visita a los 63 detenidos de Parotani, que ellos no tuvieron contacto con sus abogados ni tuvieron colchones y abrigos, situación de la que señaló, hará un seguimiento.
“Respecto a la situación legal de los detenidos, se evidenció la falta de comunicación con sus abogados y, en algunos casos, desconocían la identidad de los mismos”, afirmó la Defensoría del Pueblo en un comunicado. Esta institución dijo que a mediodía de ayer se entregó alimentos a los comunarios detenidos.
