El Gobierno del presidente Luis Arce no tiene la suficiente fuerza en el Legislativo para validar mediante una ley corta, la prórroga en el mandato de los magistrados del Órgano Judicial, ya que la oposición y los ‘evistas’ son un solo bloque para impedir que las autoridades judiciales electas continúen más allá del tiempo que manda la Constitución.
Mientras, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aún no se emite, una de las magistradas, aseguró que el fallo saldrá antes del 31 de diciembre, que están “trabajando con mucha responsabilidad” para dar una respuesta, aunque la misma no sea del agrado de todos.
El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) David Choquehuanca, tras la insistencia del Senado, convocó a una reunión a las tres fuerzas del Legislativo, además de los presidentes del Senado y Diputados y los presidentes de las comisiones de Constitución y de Justicia.
El encuentro programado para este viernes 8, tiene el objetivo de “abordar la situación de los magistrados y consejeros después del 31 de diciembre” y “encontrar posibles alternativas oportunas”, se lee en la carta que envió el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.
En ese marco, el bloque arcista, a través de uno de sus legisladores confirmó que la intención del gobierno es alargar el mandato de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial. El diputado Rolando Cuéllar presentó un proyecto de ley para ampliar el mandato “de todos los magistrados de tres a seis meses hasta que se lleven a cabo las elecciones”.
“Es innegociable”
No obstante, la propuesta prácticamente fue desechada por Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el bloque ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) que rechazaron cualquier sugerencia o posibilidad de aprobar con una ley la prórroga de las autoridades salientes.
“No puede existir ningún tipo de prórroga porque es una medida inconstitucional y nosotros no vamos a apoyar ni aceptar, más al contrario lo vamos a denunciar porque la prórroga no es una alternativa ni es una opción”, dijo a EL DEBER el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi.
El legislador añadió que cualquier posible salida para solucionar esta crisis tiene que enmarcarse en lo que dice la Constitución boliviana.
El expresidente, Carlos Mesa, marcó la postura de CC y recordó que la misma es parte de la agenda legislativa propuesta el 6 de noviembre y que fue firmada por la mayoría de los senadores de las tres bancadas. Mesa dijo que ese acuerdo “es innegociable”.
“Hasta que se haga la elección judicial o una reforma constitucional, ley que garantice un mecanismo constitucional que haga que los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial, dejen sus funciones el día 2 de enero de 2024 sin prórroga ni interinato, aprobada hasta el 15 de diciembre de 2023 como máximo”, se lee en el punto dos.
Desde Sucre
Aunque hasta la fecha el TCP no emitió ninguna respuesta oficial, una de las autoridades, la magistrada Karen Gallardo, sin precisar la fecha de cuándo presentarán la sentencia, aseguró que será antes del 31 de diciembre y que por ello están trabajando con mucha responsabilidad.
“Tenemos que despachar todas las causas que nos han sorteado antes de fin de año. No podemos llegar al 31 de diciembre con causas pendientes”, dijo Gallardo en la ciudad de Sucre.
La magistrada agregó que se está analizando la posición de cada uno de los nueve magistrados y se prevé que después se emita el fallo, aunque adelantó que la sentencia no siempre puede ser del agrado de todos.
También habló el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina quien dijo a los medios de la Capital del país, que esa instancia judicial está consciente que su mandato constitucional termina este 31 de diciembre.
“Tenemos la certeza de que nuestra gestión culmina el 31 de diciembre de este año, en ninguno de los casos hemos generado posibilidades (de prórroga). Hemos sido muy respetuosos toda vez de que este es un tema legislativo (…) vamos a cumplir gestión hasta el último día que la ley lo permita”, dijo Molina.
En ese marco, aseguró que el Consejo de la Magistratura a nivel nacional está cumpliendo tres tareas: realizar un inventario de la documentación, el normal desarrollo de los procesos actuales y preparar informes de gestión.
El consejero Molina dijo que este tema –la crisis judicial por ausencia de elecciones– lo debe solucionar el Órgano Legislativo, instancia que debe trabajar en una norma.
También lanzó sus críticas a los legisladores porque, desde su perspectiva, estaban elaborando proyectos de ley para las elecciones judiciales con vicios de inconstitucionalidad. “Mientras más proyectos tengan vicios de constitucionalidad es menos probable que tengan éxito”.
Más propuestas
El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, también rechaza una posible ampliación de mandato de los magistrados y subrayó que el planteamiento de una posible prórroga ni siquiera debía discutirse, puesto que es inconstitucional.
“No se puede prorrogar el mandato de los magistrados, tanto titulares como suplentes no pueden prorrogarse un solo día”, dijo el legislador.
Agregó que como bancada, Creemos planteará en la reunión que se trabaje en una ley para designar a los postulantes de la anterior selección pero que no fueron considerados, es decir, los segundos más votados y que éstos por orden de prelación ocupen de manera transitoria y por seis meses, los cargos acéfalos.
Su colega, el senador Henry Montero subrayó que la solución va por lograr un acuerdo político nacional, pacto que involucra a las tres fuerzas del Legislativo tomando en cuenta los dos bloques del MAS: ‘evistas’ y ‘arcistas’.
Ese pacto o acuerdo político partiría por rechazar cualquier planteamiento como la prórroga de mandato. “Se tiene que hacer un gran acuerdo político para buscar una salida a este tema, pero si están apostando a que pueda existir una prórroga de mandato, como Creemos, no vamos a aceptar”, dijo el legislador a EL DEBER.
El presidente de Diputados, Israel Huaytari, que pertenece al bloque ‘arcista’, señaló que la reunión de mañana será para escuchar las propuestas. El legislador habló de tres posibles escenarios que se analizarán este viernes con Choquehuanca.
“Se podría ampliar el mandato con una ley, se podría buscar un interinato o en su caso –hay muchos rumores– que (los magistrados) se quieren prorrogar con una sentencia constitucional (…) ¿Si hay una autoprorrogación los procesos pueden ser válidos o ser nulos?”, observó Huaytari.
La autoridad legislativa agregó que como este tema es de prioridad, las tres fuerzas políticas del Legislativo deberán considerar si van o no al receso de fin de año. “Primero es la población, después el receso”.
ANÁLISIS
“Existe un antecedente con Mesa y Morales”
Williams Bascopé Laruta
ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
Hay un antecedente de jurisprudencia que puede echar mano el Poder Ejecutivo para paliar un tiempo ese vacío de poder. Y ese antecedente jurisprudencial ya lo ha tomado en su momento Carlos Mesa y también Evo Morales.
En una ausencia de magistrados o acefalías de cargo de altos magistrados, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, ha podido nombrar a magistrados connotados del foro de abogados para que asuman ese cargo. Y el último antecedente es la de Evo Morales.
Pero el Tribunal Constitucional ha modulado esto, que esos interinatos no pueden ser más de tres meses. Es decir, noventa días, tiempo suficiente como para que se lleve la preselección y la elección de magistrados. Esa es una posibilidad más jurisprudencial y que permite la Constitución.
Ahora, tengo entendido que están queriendo ensayar una suerte de una ley de ampliación de mandato, posiblemente de estos actuales magistrados.
Es pertinente decir que hay dos cosas muy importantes: primero, que la Constitución Política del Estado dice claramente que los magistrados no pueden permanecer más de seis años para llevar adelante una gestión. Terminan el 31 de diciembre de este año. Segundo, esta ley tendría que ser enviada en consulta al Tribunal Constitucional.
Hay un antecedente parecido a lo que ha pasado con la prórroga de mandato de Jeanine Áñez para que vaya a ser prorrogada, igual que diputados y senadores. Posiblemente quieran ensayar esa situación.
¿Dónde queda la anomia? Lo que no es natural es que el mismo Tribunal Constitucional analice a sí mismo para prorrogarse ellos mismos. No sería nada natural, no sería algo lógico y obviamente no sería algo que respete las reglas de la Constitución.
