Miles de ciudadanos entre los que figuran representantes de instituciones de Santa Cruz tomaron el Segundo Anillo para expresar su descontento con la administración gubernamental del presidente Luis Arce y exigir medidas urgentes para enfrentar las crecientes crisis económicas y sociales que afectan al país. El documento divulgado al final de la tarde pide adelantar las elecciones previstas para agosto de 2025.
Bajo el lema “Por una nueva Bolivia”, los organizadores destacaron la necesidad de un cambio profundo en las políticas públicas, señalando que el modelo político vigente ha llevado al país a la dependencia económica, el estancamiento y el incremento de la desigualdad, según se lee en el “Manifiesto Publico Ciudadano” divulgado este martes.
Demandas clave de la protesta
En el marco del manifiesto presentado durante la movilización, los ciudadanos hicieron énfasis en los siguientes puntos:
– Eliminación del monopolio de YPFB: Los manifestantes exigieron la apertura del sector hidrocarburos a la inversión privada, promoviendo un mercado competitivo y sostenible que garantice el abastecimiento de combustibles en el país.
– Reformas económicas: Se denunció la falta de dólares, la crisis de combustibles y el déficit fiscal como principales síntomas de una administración estatal deficiente.
– Adelanto de elecciones nacionales: Los organizadores consideran que el gobierno del presidente Luis Arce ha demostrado incapacidad para administrar el Estado y demandan que se convoque a elecciones anticipadas para dar paso a un nuevo liderazgo.
– Unidad de la oposición: Instaron a los partidos políticos a priorizar el bienestar del pueblo por encima de intereses personales, promoviendo una agenda común para reconstruir el país.
Críticas al Decreto Supremo 5271
El Decreto Supremo 5271 también fue objeto de rechazo durante el “Anillazo”. Según el manifiesto leído, esta norma carece de seguridad jurídica y confianza para los inversores, al tiempo que evade las responsabilidades constitucionales del Estado al transferir competencias al sector privado sin establecer garantías para su correcta implementación.
El Decreto Supremo 5271, emitido por el Gobierno de Bolivia, autoriza de manera excepcional la importación y comercialización privada de gasolina y diésel durante un año.
Esta medida permite a personas naturales y jurídicas importar estos combustibles, no solo para uso personal sino también para su venta en el mercado interno.
El objetivo principal es responder a las demandas de los sectores productivos y fomentar la competencia en el mercado, lo que se espera que reduzca costos y mejore la disponibilidad de estos productos. A pesar de esta flexibilización, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) continuará importando combustible subvencionado para equilibrar el mercad
Un grito de esperanza, no de derrota
En el cierre del evento, los organizadores recalcaron que esta movilización es un llamado a la esperanza y no un acto de resignación. “Hoy comienza la construcción de una nueva Bolivia, una Bolivia que priorice al pueblo y a su futuro”, concluyeron los voceros de la protesta.
El “Anillazo” marcó un momento clave en la manifestación del descontento ciudadano, con una convocatoria que reunió a diversos sectores de la sociedad, desde organizaciones civiles hasta emprendedores y familias completas, unidos en la exigencia de cambios reales que devuelvan al país la estabilidad y el progreso.
¿Qué dice el Manifiesto?
1. Diagnóstico de la situación actual
Bolivia enfrenta un proyecto político fracasado, obsoleto y abusivo, que ha sumido al país en:
– Dependencia económica y estancamiento: La nacionalización ha frenado inversiones y aumentó el gasto público, provocando un déficit fiscal insostenible.
– Desigualdad y hambre: El modelo socialista ha enriquecido a unos pocos, mientras el pueblo sufre carencias básicas.
– Crisis de combustibles: La escasez de diésel y gasolina amenaza la seguridad alimentaria y limita las actividades cotidianas de los bolivianos.
– Falta de dólares: La economía está enclaustrada, llevando al país hacia la miseria.
Esta situación no es nueva, sino resultado de años de mala administración estatal.
2. Denuncia del Decreto Supremo 5271
El Decreto 5271 no ofrece:
– Seguridad jurídica ni confianza: No asegura las condiciones necesarias para la inversión.
– Responsabilidad estatal: Deslinda al Estado de su obligación constitucional, transfiriendo competencias al sector privado sin soluciones estructurales.
3. Exigencias ciudadanas
Como ciudadanos, exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional:
– Eliminación del monopolio de YPFB: Que se permita la participación de empresas privadas en el sector hidrocarburos para crear un mercado competitivo y dinámico.
– Promoción de nuevas tecnologías: Incorporar innovaciones que garanticen el abastecimiento de hidrocarburos a mediano y largo plazo.
– Garantías para la seguridad alimentaria y energética: Establecer políticas que eviten futuras crisis de combustibles.
4. Llamado al presidente Luis Arce Catacora
Señor Presidente, su incapacidad para administrar el Estado ha llevado al país al colapso. Por ello:
– Exigimos el adelanto de elecciones nacionales: Para que el pueblo boliviano pueda elegir un liderazgo que adopte medidas efectivas y brinde esperanza de mejores días.
5. Llamado a la unidad de la oposición
Instamos a los partidos de oposición a:
– Trabajar por la unidad nacional: Dejar de lado los intereses personales y enfocarse en el bienestar del pueblo.
– Impulsar los cambios urgentes que demanda la sociedad: Bolivia necesita acciones que den resultados tangibles y restauren la confianza ciudadana.
6. Mensaje final
Este manifiesto no es un grito de derrota, sino un llamado a la esperanza. Hoy comienza la construcción de una nueva Bolivia, con acciones firmes y soluciones reales para superar las crisis actuales.
