La crisis interna que atraviesa Ecuador prende las alarmas en Bolivia. Expertos, legisladores y exautoridades identifican al menos seis debilidades que hacen del país un “territorio fértil” para que se genere una implosión como la que golpea a ese país.
Entre ellas están la creciente actividad del narcotráfico, el crimen organizado, la toma impune de tierras, la crisis del sistema judicial, las fronteras sin control, un sistema penitenciario obsoleto y la ausencia de una fuerza especializada anticrimen.
Piden al Gobierno cambios estructurales. No obstante, los ministros de Defensa y Gobierno rechazan que en Bolivia se genere una crisis de esas proporciones y más bien, ofrecen a Ecuador ayuda especializada con uniformados de una “unidad de élite”.
El abogado y coronel en retiro Jorge Santistevan señaló que los grupos irregulares que operan en los países vecinos van migrando e identifican regiones con fronteras de fácil acceso. El país tiene varios pasos no autorizados.
“Uno de los territorios más fértiles para la actividad de estos grupos criminales, es Bolivia porque tenemos tres grandes debilidades: No hay cárceles de máxima seguridad y nuestras cárceles no ofrecen garantías; la incompetencia de la Fiscalía y de las autoridades judiciales no da la garantía para que el Estados proteja las investigaciones y la tercera debilidad es que Bolivia no cuenta con una fuerza especial de élite, preparada que supere con el material que cuenta una organización criminal”, dijo Santistevan a EL DEBER.
“Lo que está sucediendo en Ecuador es una crisis estructural de Estado y el efecto en Bolivia es inminente porque las organizaciones criminales buscan atrincherarse en los lugares donde hay menos control. Somos muy vulnerables”, explicó a EL DEBER el exministro, Carlos Romero.
La exautoridad identificó el narcotráfico como la actividad que ha descontrolado la tasa de criminalidad en Ecuador que no solo tiene su origen en cárteles mexicanos y colombianos, sino asiáticos y europeos que se hicieron presentes desde la pandemia del Covid, por el repliegue de la Policía hacia los centros urbanos haciendo que el crimen organizado se haya instalado en regiones estratégicas para operar.
“En el caso de Bolivia, hace muchos años que se ha perdido el control sobre el narcotráfico, el control fronterizo, ha penetrado las estructuras políticas, policiales, judiciales, incluso, el narcotráfico tiene la capacidad de manipular a algunos dispositivos mediáticos. La agravante en el caso de Bolivia es que hay complicidad del Estado con el narcotráfico”, aseguró Romero.
Gobierno
No obstante, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que el Gobierno no ve esos extremos, pero que de todas maneras el Ejecutivo está en estado de alerta.
“No creo en esa posibilidad porque hemos demostrado como Gobierno que ante el más mínimo brote de acción criminal, nuestra Policía y si es necesario también, nuestras Fuerzas Armadas, pondrán orden y no permitirán que estas actuaciones criminales pongan zozobra”, apuntó Novillo.
Es más, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que el presidente Luis Arce “se ha comprometido a coadyuvar en todo lo que sea necesario”, al gobierno de Noboa. “Por lo tanto, si requiere de un apoyo policial de una unidad de élite por parte de Bolivia, tenemos suficiente contingente policial. Si así lo requieren vamos a enviar a ese país que está sufriendo una gran ola de la delincuencia”, remarcó.
Para el abogado y periodista Andrés Gómez Vela, el escenario en Bolivia es más complejo. Señala que por las mismas denuncias que provienen del propio líder del MAS, Evo Morales, de que hay un estrecho vínculo entre grupos irregulares y algunas esferas del Gobierno, hace posible, por ejemplo, que algunas regiones sean impenetrables, como “México chico” que está en el Chapare. Tambien menciona a los grupos armados en las tomas de tierras que en 2023 condenaron a muerte a un empresario cruceño.
“Tiene que ver con algunas autoridades o miembros de estos grupos que se infiltran a estas instituciones ya sea la Policía o la justicia y empiezan a controlar al Gobierno, a través de recursos económicos o presiones. El propio expresidente Morales ha acusado al gobierno de encubrir el narcotráfico”, afirma Gómez.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, agregó que la crisis en Ecuador es consecuencia de que por muchos años los gobiernos de ese país dieron “carta libre” a grupos criminales y carteles mexicanos y colombianos, sin cambios estructurales. Similar escenario ve en el país.
“En Bolivia, está claro que con la permisividad del Gobierno del MAS, nuestro escenario es muy complicado. El Gobierno de Arce debe cambiar su política de lucha contra el narcotráfico, tiene que dejar de ser permisivo y tolerante con el Chapare y debe desbaratar esas organizaciones criminales instaladas en Bolivia para evitar que vivamos un escenario similar al de Ecuador”, puntualizó Urquidi a EL DEBER.
Los consultados con este medio coinciden en que es urgente que el Gobierno cambie su política de lucha contra el narcotráfico y contra toda la cadena de hechos ilícitos relacionados entre sí como el contrabando y la trata y tráfico de personas, así como un cambio estructural al sistema de régimen penitenciario.
