El mandato legal de seis años de los 23 magistrados y tres consejeros del Órgano Judicial ha expirado. El año comienza con la gestión “autoprorrogada” de estas autoridades y una justicia aún más debilitada, advierten especialistas de varias áreas y líderes políticos.
Además, las máximas autoridades de este poder del Estado extenderán su mandato a meced de un fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, según legisladores de la facción evista del MAS y de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, golpea las atribuciones del Legislativo, sustituyendo a las decisiones políticas por fallos judiciales. Incluso desde las filas de los leales al presidente Luis Arce creen que esta ‘autoprórroga” traerá consecuencias para el país.
En 2023 no hubo elecciones judiciales por efecto de cuatro demandas constitucionales que llegaron y se juzgaron en el TCP, pero tampoco hubo acuerdos mínimos para encauzar el proceso. Según la Constitución se requiere de un respaldo de dos tercios para seleccionar a los candidatos para estos altos cargos de la Justicia.
El diputado Carlos Alarcón (CC) señaló que el prorroguismo tiene un resultado que se puede resumir así: “Desastre”. Precisó que “eso quiere decir que serán autoridades que no tendrán ni legalidad institucional ni legitimidad y estarán al servicio del gobierno de Luis Arce que los tiene prorrogados, al servicio de este Gobierno que les hizo el favorcito”.
Uno de los riesgos mayores, según el asambleísta Alarcón, está vinculado con la institucionalidad democrática. “El Gobierno orquestó milimétricamente este plan para que no se puedan llevar adelante las elecciones judiciales”.
El senador ‘evista’ William Tórrez considera que los autoprorrogados incumplen el mandato constitucional. “Nadie puede resolver y fallar para sí mismo. Lo han hecho sin una ley que los respalde, además, la CPE les otorga un mandato de seis años, punto. Cuando se salen de ese marco, están incurriendo en ilegalidad”.
El diputado ‘arcista’ y presidente de la comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, fijó su postura sobre los autoprorrogados: “Lo siento, no vamos a ser miopes. Seguramente va a generar consecuencias políticas a la gestión de Gobierno, pero la verdad es que lo único que sucedió es una determinación de un órgano del Estado que tiene todas las facultades para cumplir una función que la CPE y el soberano delegó y que es garantizar el acceso a la justicia. Por lo demás, vimos que hubo una premeditada campaña discursiva de parte del ‘evismo’ y la oposición para atribuirle estos acontecimientos al Órgano Ejecutivo. Lo cierto es que es una responsabilidad que tuvo origen en la Asamblea Legislativa y una participación de sectores opositores fueron obstaculizando el proceso”.
Aseguró que el descrédito de la administración de justicia no es de este Gobierno ni siquiera del prolongado periodo de Evo Morales, sino que se remonta “a mucho antes, cuando se cuoteaba la designación de autoridades.
El abogado e integrante del grupo de juristas independientes José Antonio Rivera consideró que el prorroguismo de las autoridades judiciales más allá de sus seis años de mandato, fue una decisión del TCP es de cumplimiento obligatorio y de fuerza vinculante. “Esas determinaciones no se discuten nos gusten o no. Entonces, más allá de la forma incorrecta en la que se resolvió, se debe cumplir” hasta las elecciones judiciales.
El abogado aseguró que “si hay un proyecto de ley que diga lo contrario pues no tiene valor. “En resumen tendremos un TCP, un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un Tribunal Agroambiental y Consejeros de la Magistratura trabajando sin cambios a la vista”.
“¿Se realizarán esas elecciones?” se preguntó Rivera. “No lo puedo asegurar pero no encuentro una voluntad genuina para encontrar un consenso”, resolvió.
Alarcón cree que “el Ejecutivo no tiene el menor interés de realizar las elecciones judiciales, porque está muy cómodo con los magistrados del TCP”. De hecho, este tribunal acana de dejar en suspenso las competencias legislativas del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, hasta que no resuelva una demanda sobre las últimas decisiones asumidas.
Pero, el senador Tórrez fue categórico: “Claro que tiene que haber elecciones judiciales en 2024 y no es porque lo deseemos, sino porque la Carta Magna así lo indica. Quienes están en contra están cometiendo un delito”, alertó.
Con consultas al TCP o con fallos se han eliminado las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023. Las nuevas autoridades deberían haber jurado en algunas horas más en ocasión de la inauguración del año judicial.
También se prohibió al Legislativo de ejercer la obligación en su rol fiscalizador y el derecho de interpelar y de censurar a ministros.
Rivera advirtió, además, que este escenario está marcado por la ausencia de independencia, de imparcialidad. “No hay estabilidad laboral para los jueces y estos se ven obligados a renunciar a su propia independencia. Es un problema estructural y entonces la justicia ingresa a ámbitos políticos no justiciables, pero que ahora lo son. Y peligrosamente puede ser utilizada no solo por éste sino por cualquier Gobierno. Entonces jueces y magistrados se inmiscuyen en temas políticos que no deberían judicializarse, salvo que rebasen límites”, dijo.
El diputado Alarcón complementó que entre el Gobierno y el Órgano Judicial “han cercenado el derecho a interpelación y censura del Legislativo”. Además, remarcó, “el objetivo del Presidente es anular, bloquear, inmovilizar, paralizar y desacreditar a la Asamblea para que gobierne y tenga el poder absoluto con estos sus prorrogados, eso es lo que quiere”.
El legislador concluyó que si bien Arce “no gobierna con decretos, pero sí con amparazos, consultas y acciones judiciales. Esos son los instrumentos al servicio, no de la CPE ni de los ciudadanos, sino del poder. Es una violación que echa para tumbar el edificio del Estado de Derecho y de la democracia. Estamos ya ante una dictadura oficial gubernativa, operada por el TCP”, apunta.
Tórrez manifestó que “don Luis Arce lo que está haciendo, en muchos casos, es vulnerar la CPE e intentar utilizar los mecanismos legales que tiene que son los decretos, pero eso no es correcto”.
“Ahora bien, continuó, si Arce intentara designar, por ejemplo, a nuevas autoridades jerárquicas en el Órgano Judicial (donde tiene un representante) estaría yendo en contra la Constitución, porque él ya no está facultado, porque tiene esa atribución es el pueblo, mientras que el Legislativo tiene la misión de realizar la preselección de candidatos”, explicó.
Ante la insistencia de este medio, Tórrez aseguró que “hay una suerte de cooptación del TCP, que ha sido instrumentalizado para vulnerar la CPE. No olvidemos que el TCP es uno de los intérpretes de la Carta Magna, y al mismo tiempo sus magistrados son los llamados a cuidar su contenido, a proteger y precautelarlo, pero ellos no lo hacen, porque antecedieron sus intereses particulares, al colectivo y al de la CPE. Luis Arce ha utilizado esta instancia generando desconfianza de parte del pueblo con relación a la labor de las mismas”.
La autoprórroga, advierte Tórrez, no fue una decisión espontánea ejecutada por los magistrados del TCP. “Para mí obedece a un plan, que viene del Ejecutivo, todo controlado por el ministro de Justicia, Iván Lima”, puntualizó.
Detrás de todo eso, no ve acciones enmarcadas en la CPE, sino mecanismos que la vulneran para lograr objetivos como “poner en riesgo, proscribir la sigla del MAS y definitivamente, el de inhabilitar al compañero Evo Morales, como candidato para el 2025”, aseveró el legislador ‘evista’.
Jáuregui, representante del ‘arcismo’, señaló que son “aseveraciones descontextualizadas de la realidad. Lo que tenemos en este momento en algunos escenarios de la Asamblea Legislativa, son parlamentarios que en más de 1.100 días de gestión no acaban de entender que deben conocer y cumplir la CPE. Siguen creyendo que se sanciona leyes con una barita mágica del legislador, sin entender que está también la voluntad del constituyente que debe ser objeto de atención”.
¿Garantiza que se llevarán adelante las elecciones judiciales?, se le preguntó. “Se realizarán en la medida en que tengamos una clase política que lea la CPE y podamos cumplir así los requerimientos que están ahí escritos”. ¿El arcismo buscará diálogo?, y respondió que más que eso “considero que debemos buscar razones jurídicas que no colisionen con la norma suprema”. No dio certeza de que haya elecciones.
