En un informe, Human Rights Watch aseguró que revisó los documentos de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y que “no halló pruebas que respaldaran la acusación por terrorismo” en su contra.
Camacho está detenido desde diciembre de 2022 de manera preventiva por el supuesto “golpe de Estado” de 2019, es decir, acusado de orquestar la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Entre los delitos que se le atribuye está, precisamente, el terrorismo, pero Human Rights Watch remarcó que ese es “un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiada amplia”.
Jeanine Áñez
Otro de los personajes de la crisis de 2019 que está tras las rejas es la expresidenta Jeanine Áñez, quien asumió el mando del país tras la renuncia de Morales en medio de un cuestionado proceso de transición.
“La expresidenta Áñez permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch (también) revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada”, señala el documento del ente internacional.
Asimismo, Human Rights Watch recuerda que, en 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Áñez a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, “delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana, por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019”.
Además, Human Rights Watch señala que el presidente Luis “Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política”.
