El presidente Luis Arce convocó para este martes a un gabinete extraordinario con la participación de sectores sociales. Mañana se reunirá con empresarios para analizar la complicada situación económica que atraviesa el país. Lejos de la sede de gobierno, los gobernadores del país se reunirán de emergencia en Santa Cruz.
Pondrán sobre la mesa el techo presupuestario que les fue asignado la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas de cara a la gestión 2025, la caída de sus ingresos y las competencias nacionales que enfrentan.
En esa antesala, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Mavy Darinka Pedraza dio un baldazo de agua fría al informar que el Gobierno ejecutó un débito a las arcas de la Gobernación de Santa Cruz por un total de Bs 47 millones.
Se trata del pago por concepto del crédito que adeuda del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La legisladora manifestó que tuvo conocimiento que desde el Ejecutivo departamental intentaron que este monto no le fuera debitado. Lo tenían destinado para la ejecución de obras, proyectos en municipios y el cumplimiento de compromisos.
“Estamos con una preocupación muy grande al ver que los recursos presupuestados para la Gobernación no están siendo realmente efectivizados como se había presupuestado. Son Bs. 47 millones menos que nos han disminuido desde el Estado, que nosotros pensábamos que iba a ser un respiro”, denunció la asambleísta en conferencia de prensa.
Pedraza señaló que, ante esta medida asumida desde el nivel central, la Gobernación de Santa Cruz ya no podrá seguir atendiendo responsabilidades que competen al Gobierno como el pago en seguridad ciudadana y sueldos correspondientes a salud.
Por mencionar, dijo que hasta el mes de julio de este año, el ente departamental recibió Bs 72 millones menos en regalías. Este recorte llevó a que al menos 700 funcionarios en la Gobernación cruceña sean desvinculados en este año. Ahora, con este nuevo recorte, se prevé más desvinculaciones de funcionarios en la Gobernación. Pedraza adelantó que técnicos que trabajan en las subgobernaciones también serán cesados de sus cargos.
“Quiero decirle presidente que la mejor campaña que uno puede tener es una buena gestión, y para ello (para mostrar una buena gestión) es trabajando y dando certidumbre”, dijo Pedraza.
Ven silencio cómplice
La asambleísta por Creemos, Paola Aguirre, manifestó que este recorte se dará año a año, y esto se da por el efecto de una política de Estado inapropiada que asfixia el ejercicio de las autonomías en los diferentes niveles de gobiernos.
“Creo que el Gobierno departamental y la Asamblea Legislativa han silenciado su voz. Hay que ser coherentes, no podemos tener pacto con el MAS y después denunciar recortes”, acusó Aguirre.
Santistevan: “Debe existir un reordenamiento de forma, la gobernación no asume la totalidad de sus 36 competencias
El abogado constitucionalista y especialista en temas autonómicos José Luis Santistevan manifestó que el Pacto Fiscal se debió cumplir hace 10 años, pero por razones políticas se postergó hasta el 2025 cuando se conozcan los datos oficiales que arroje el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A partir de ahí se elaborará una propuesta por el Consejo Nacional de Autonomías y otras entidades.
“La Gobernación tiene un proceso especial, no recibe recursos de coparticipación tributaria. Entonces, los nueve gobernadores no ejercerán nunca sus 36 competencias porque no tienen recursos ni condiciones”, explicó a EL DEBER.
En ese sentido, el jurista detalló que uno de los primeros pasos que las gobernaciones deberían asumir para un mejor funcionamiento de sus autonomías y buen manejo de recursos, antes del Pacto Fiscal, consiste en abrogar las competencias nacionales que le fueron asignadas como destinar de su presupuesto para el pago de salarios en salud, IDH, Seguridad Ciudadana, Régimen Penitenciario y el 12% para la exploración hidrocarburífera, según la Ley Marco de Autonomías.
“Cuando los gobernadores asumen estas obligaciones se autodestruyen. Hay una estructura jurídica que cercenó todo el proceso y centralizó las autonomías. Los gobernadores deben tener la hombria suficiente para enfrentar al Gobierno”, afirmó.
Santistevan reveló que de las 36 competencias exclusivas que tiene la Gobernación de Santa Cruz solo 10 de ellas las ejerce. Cuatro son de manejo administrativo y el resto de gestión pública.
Insistió que estos ejes son claves para elaborar la propuesta del Pacto Fiscal en 2025. Un acuerdo que integre a los gobernadores, gobiernos municipales, universidades y entidades indígenas.
“Para que tengamos Pacto Fiscal debe haber datos oficiales según el INE, no los datos preliminares que darán el 30 de agosto. Los gobernadores tienen que tocar estos puntos”, dijo el abogado.
