En Bolivia hay 2.150 mujeres detenidas en 11 cárceles de todo el país. De esa cifra, el 28,97% fueron procesadas por el delito de tráfico de sustancias controladas. Además, del total de las reclusas, el 65% permanece sin sentencia firme y bajo la figura de detención preventiva y un 55,3 % está en situación de vulnerabilidad en los centros penitenciarios.
Estos datos se desprenden del estudio Mujeres en cárceles de Bolivia, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo. En este reporte también se señala que, de diciembre de 2023 a junio de este año, la población femenina en las penitenciarías se ha elevado un 12,5 %, ya que ha pasado de 1.871 a 2.150 mujeres, de un total de 28.838 de los privados de libertad en el sistema penitenciario boliviano.
“De acuerdo con los 17 criterios de identificación de vulnerabilidad que se ha realizado en este informe, en cuanto a las mujeres privadas de libertad, se hizo una identificación de su situación y se halló que el 55,39% están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque son mujeres embarazadas, tienen hijos, son personas adultas mayores, personas con discapacidad entre otros casos, lo cual agrava su vulnerabilidad en los centros penitenciarios”, afirmó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
El funcionario detalló que “la mayor cantidad de privadas de libertad se concentra en el eje central del país”, puesto que el 72 % está en penales de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“El problema de los delitos por sustancias controladas se ha mantenido por más de una década puesto que los datos del 2012 señalaban que el quebrantamiento de la ley por mujeres, relacionados a sustancias controladas llegaba al 56%.21 El 2018, el porcentaje de este tipo de delitos cometidos por mujeres llegaba al 31,62%22 y el 2023, el porcentaje de mujeres privadas de libertad por delitos contemplados en la Ley 1008 volvió a subir a 41,26%”, dice parte del estudio defensorial.
Penal de La Paz
En La Paz, en el penal de Obrajes hay 361 mujeres recluidas.
Prevención de delitos
Según el documento, existe una “clara evidencia” de falencias en las acciones asumidas por el Estado para prevenir los delitos cometidos por mujeres, reflejando el endurecimiento de las penas, la falta de la aplicación de perspectiva de género en los fallos judiciales y el tratamiento diferenciado en su encarcelamiento, considerando que un tema preocupante es la Ley N° 1008, que establece delitos desproporcionados respecto al acto realizado.
“Por ejemplo, una mujer consumidora con cantidades mínimas de marihuana podría ser sentenciada a una condena de entre ocho y 25 años, si no logra demostrar que esa cantidad de sustancia controlada es para su consumo (artículos 48, 49, 51, y 55 Ley 1008). Además de las normas deficientes, se suma la aplicación mecánica de la norma por parte de fiscales y jueces, sin considerar estándares internacionales de derechos humanos, como el enfoque de género y el interés superior del niño. La situación se agrava si se considera que el 65% de las mujeres están privadas de libertad sin sentencia”, dice el texto.
En los departamentos de Oruro y Chuquisaca existe mayor cantidad de sentenciadas que preventivas, lo cual haría presumir la existencia -según el informe- de una “diligente administración de justicia” en la condena de delitos de la Ley 1008 cometidos por mujeres; sin embargo, se advierte que de los testimonios recolectados para elaborar el documento, una de las causas por las que las mujeres se encuentran con sentencia condenatoria, se refieren a que son producto de las orientaciones para someterse a procedimientos abreviados, lo cual requiere que se ponga atención en estos casos para evitar que personas inocentes se declaren culpables, especialmente en el caso de consumo.
En las entrevistas realizadas por el equipo que realizó el estudio las mujeres señalaron que las razones para haberse visto involucradas en la comisión de un delito se debían a las necesidades económicas o que han sido engañadas: Las reclusas manifestaron “por necesidad económica”, “por dinero”, “por necesidad era pandemia y tenía dos hijos”, la necesidad”, “por defender a mis hijas”, “me engañaron”, “inculpada otras personas cometieron el delito”, “me obligaron”.
Y cuando se preguntó sobre las motivaciones para reincidir esas mismas razones eran referidas por las mujeres privadas de libertad, añadiéndose otras como: “Me sentía deprimida”, “estaba equivocada”, “mala suerte”, “me equivoque”, “por juzgamiento y aislamiento de la sociedad”, “por mi adicción a las drogas”.
“Me acuerdo que era época de la pandemia, yo trabajaba en una empresa que repartía comida, así, que salía a trabajar, pero mi esposo y mis hijas, se quedaban en la casa, cuando llegaba mi marido me reñía me decía que voy a contagiar a todos, además, me decía que lo que ganaba no servía para nada, yo antes de más joven he consumido marihuana y sabía que en esa plaza se podía comprar y vender droga, por eso me metí en esto, para ganar un poco más”, es una de las declaraciones.
La investigación también indica que el 63 % de las mujeres entrevistadas mencionaron que no fueron examinadas médicamente antes de su ingreso a la cárcel.
Penal de Palmasola
En Palmasola la mayoría de las detenidas están por la Ley 1008.
Informe defensorial
La Defensoría del Pueblo presentó el informe “Mujeres en cárceles de Bolivia”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios del país.
Cárceles de Santa Cruz
En Santa Cruz el informe abarca a tres centros penitenciarios: Palmasola, Puerto Suárez y Montero CERPROM. Los tres son de población mixta.
En el penal de Palmasola hay 521 mujeres detenidas.
CIFRAS
2.150 mujeres están recluidas en diferentes centros penitenciarios del país. La cifra total de presos en Bolivia es de 28.838.
278 mujeres están detenidas en centros penitenciarios del país fueron entrevistadas para elaborar el informe. La cifra abarca a 11 cárceles.
Sin infraestructura: Callisaya critica las deficiencias en cárceles
Cárcel de Palmasola
Solo cuatro centros penitenciarios, de los 21 que tiene el país, tiene espacios exclusivos para mujeres detenidas.
De los 21 espacios carcelarios en el país, cuatro tienen un espacio exclusivo para mujeres, mientras que los restantes son secciones dentro de las cárceles de varones. La Defensoría del Pueblo alertó que las celdas de las cárceles de aislamiento están en “condiciones precarias e inhabitables” y que muchas veces el régimen de confinamiento solitario “se aplica de manera indiscriminada y por periodos superiores a los permitidos internacionalmente”.
Para el estudio, que fue elaborado por Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), se entrevistó a 278 mujeres de 11 de las 21 cárceles bolivianas con base en “17 categorías de análisis”, como el tipo de delitos, infraestructura, alimentación, salud, embarazos y mujeres con niños y niñas acompañantes, entre otras, explicó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
Esta investigación pone en evidencia que más de la mitad de la población penitenciaria femenina pertenece a alguno de los siguiente grupos en situación de vulnerabilidad: extranjeras, madres, mujeres embarazadas, mujeres que viven con sus niñas y niños menores de seis años dentro el penal, personas adultas mayores, que pertenecen a alguna nación o pueblo indígena, mujeres con diversa orientación de género, personas con discapacidad, personas con VIH, discapacidad psicosocial, drogodependientes, afrobolivianas o personas con alguna enfermedad de transmisión sexual.
Derechos humanos
Callisaya remarcó que las personas privadas de libertad sufren una serie de situaciones que vulneran sus derechos humanos, como el hacinamiento, el uso excesivo de la detención preventiva, la falta de acceso a servicios de salud, problemas en la distribución de prediarios (estipendios monetarios para la alimentación de cada privada de libertad), además del monto insuficiente de estos, entre otros aspectos.
“El 55% están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque son mujeres embarazadas, tienen hijos que los acompañan, son personas adultas mayores, personas con discapacidad, son personas LGBTI, entre otros, que las colocan en una situación de alta vulnerabilidad, es decir, más de la mitad de las mujeres privadas de libertad se puede asumir en una situación de vulnerabilidad”, remarcó Callisaya.
Esta investigación también hace hincapié en la situación que viven 145 niñas y niños menores de seis años, quienes habitan en los centros penitenciarios junto a sus madres, expuestos a las condiciones precarias de las cárceles y los efectos del hacinamiento, que afecta a todo el sistema penitenciario boliviano.
La recopilación de datos expresada hasta diciembre de 2023, da cuenta de la existencia de 1.871 mujeres privadas de libertad, dato que se incrementó en un 12,5 % entre enero y junio de 2024, alcanzando un total de 2.150 mujeres privadas de libertad.
PARA SABER
Sin atención médica
El defensor del pueblo denunció que en las cárceles “no hay una atención adecuada a mujeres embarazadas o madres”, puesto que varias han tenido que reintegrarse al penal después del parto “sin ningún tipo de consideración”.
Entrega de prediarios
Callisaya también lamentó que “una situación altamente delicada” es la otorgación de los prediarios, que son las cuotas otorgadas diariamente para la alimentación y necesidades de las reclusas. Ese monto alcanza a Bs 248 al mes.
