“En el río Tequeje aguas arriba, aproximadamente a 800 metros antes de llegar al límite del parque Madidi, se encontró evidencia de actividad minera», inició el último pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap)
Según el documento, lo grave es que esta actividad está en un área extremadamente sensible, cerca de la toma de agua dentro del Área Protegida Municipal Tudaray, que fue exclusivamente creada para proteger las fuentes de este líquido vital para la población de Ixiamas, «y no deberían haber vibraciones, ni afectaciones a la cobertura, ni deforestación».
Asimismo, el pronunciamiento explicó que un documento de la Central de Cooperativas Mineras Auríferas Ixiamas de Abel Iturralde tiene como asociadas a las cooperativas: Coipisa, con 37 asociados; 14 de Mayo, con 22; San Pedro de Tequeje, con 12; Minarinti, con 48; y Niru; con 12 asociados, «según ellos amparados por la Ley Minera 535 y sus Estatutos Orgánicos».
Por datos recogidos, la Contiocap aseguró que esta última cooperativa, Niru, es la que estaría ocasionando la invasión y daños en el río Tequeje.
Pero además de ese lugar, la Contiocap denunció que existen otros campamentos mineros a 5 Km de la carretera de Ixiamas, subiendo por el río Tequeje, que va avanzando río arriba, acercándose al límite del Parque Nacional Madidi, y por consiguiente, también se acercan a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de la nación indígena uchupiamonas.
«Y si continúan hasta sus nacientes, llegarán al río Jordán, donde ambos ríos están dentro de la zona núcleo del Parque Nacional Madidi y la zona de máxima protección de la TCO San José de Uchupiamonas. Y como hemos evidenciado, van deforestando, derrumbando las orillas del río Tequeje, afectando el paisaje. Y sabemos que este tipo de minería es el inicio para la apertura de caminos para una minería a gran escala y mecanizada, como ocurrió en la región de Apolo», aludieron a la zona donde un dirigente minero, Ramiro Cuevas, inició el juicio a los guardaparques del Madidi.
La Contiocap reiteró que en el río Madidi, ubicado en la zona núcleo, es decir de protección estricta del Parque Nacional Madidi, donde no deberían realizarse actividades de ningún tipo, se han encontrado asentamientos mineros.
«Fueron ingresando poco a poco con herramientas mineras, como: alfombras, motobombas y, sin duda, mercurio, y posteriormente entraron en grupos más grandes, durante los incendios 2023 en esta región amazónica. Se conoce que en esta área estaría operando la Cooperativa Coipisa«, aludió.
En el mismo documento difundieron las coordenadas para que las autoridades competentes tomen acciones. Mencionaron explícitamente a la Unidad de Medio Ambiente del Municipio de Ixiamas, Dirección del Parque Nacional Madidi, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera(AJAM).
Exigencias
Como primera demanda, la Contiocap requirió a las autoridades competentes tomar acciones urgentes de investigación, prevención y aplicar regulación sobre todos los puntos o coordenadas donde se identificó la actividad minera.
«Mucho más cuando se tiene noticia de un nuevo fallo de un juez local de Rurrenabaque, otorgando tutela a siete ríos, entre ellos el Tequeje. Las autoridades deben detener este avance de la minería aurífera hacia el Parque Nacional Madidi para precautelar la salud e integridad de los ríos dentro y alrededores de esta área protegida», dejaron por escrito.
En segundo lugar, demandaron la revisión de constitucionalidad de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. «Esta ley es la que provoca invasiones a áreas protegidas, como el Madidi, y a territorios indígenas, al privilegiar con supuestos ‘derechos pre constituidos’ y eximir a los mineros de realizar la consulta previa».
En este mismo punto, exigieron que se revise la Ley del Oro de 2023, porque incentiva la expansión de la minería aurífera aluvial y a cielo abierto en todos los ríos posibles de la Amazonía, con grandes impactos de deforestación, derribo de montañas, destrucción de las riberas de los ríos y los paisajes.
En tercer y último lugar, la Contiocap llamó a los organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, la Relatoría para el Derecho al Medio Ambiente Sano, la Relatoría de Pobreza Extrema, la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas, la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH, a tomar conciencia de la vulneración de derechos colectivos que se está generando en Bolivia, con los «privilegios inconstitucionales que otorga el Gobierno boliviano al sector minero, a los colonizadores y a los capitales del empresariado nacional y transnacional».
Ministro minero prometió respetar áreas protegidas
El recién posesionado ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, aseguró que no prosperarán los contratos mineros que soliciten las cooperativas en áreas protegidas, porque considera que permitir trabajos en esas reservas sería atentar contra el pueblo boliviano.
Sin embargo, los antecedentes muestran que, por lo general, la minería no va por la vía legal, sino que entra por la fuerza a los territorios indígenas y áreas protegidas, aprovechando el peso del sector en los movimientos sociales del Gobierno.
El mismo ministro Santos es parte de la Cooperativa Porvenir, perteneciente a la Central Caracoles, de la provincia paceña Inquisivi, que en 2021 se sumó a la marcha nacional en respaldo al Gobierno de Arce, contra «la derecha golpista», dicen los medios oficiales.
Asimismo, en marzo de 2020, en sus redes sociales el presidente Luis Arce reflejó que la Cooperativa Minera Porvenir decidió su apoyo total y orgánico al binomio del ‘instrumento’. «Retomaremos la Patria junto a las cooperativas mineras de toda Bolivia», dijo en esa época.
Ya en marzo de 2023, un año antes del nombramiento, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) anunció a Alejandro Santos como el «futuro» ministro, en reemplazo de Ramiro Villavicencio.
En un pronunciamiento anterior, la Contiocap aseguró que el nombramiento de Santos era la «consolidación de entrega de ríos y áreas protegidas al sector aurífero».
