Dentro de algunas horas más entrará en vigencia el Presupuesto General del Estado de 2025 (PGE) a través de un decreto que será promulgado por el presidente Luis Arce; será el último de su mandato en el poder y entrará en vigencia sin el consenso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El Presupuesto, que fija las previsiones anuales de la gestión de Gobierno, será ejecutado en un año electoral que marcan al menos siete grandes desafíos para garantizar estabilidad y en medio de fuertes señales de crisis económica.
El primer reto será hacer frente al bloqueo político en la ALP. La falta de aprobación del PGE por parte de la ALP por segundo año consecutivo ha llevado a que el presupuesto entre en vigencia automáticamente por decreto. Este estancamiento refleja la tensión política del país lo que, según el diputado José Luis Porcel (CC), responde a una estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) para evitar el escrutinio público.
Porcel, economista de formación, recordó que el Presupuesto se aprobó en la Comisión con varias observaciones, entre ellas la anulación de varias disposiciones adicionales que no tienen que ver con la naturaleza del presupuesto.
El segundo punto a tomar en cuenta será la crisis de financiamiento externo. En este sentido el presidente Arce dijo que Bolivia enfrenta un déficit acumulado de flujo neto de deuda externa de $us 1.222 millones en los últimos dos años. El “bloqueo legislativo” de créditos internacionales, según dijo, que suman $us 1.228 millones, afectó el flujo de divisas y ha reducido la inversión pública, pero especialmente en alcaldías y gobernaciones.
La Fundación Jubileo observó que el PGE haya autorizado préstamos del Banco Central a favor del Ministerio de Economía a través del Tesoro General de la Nación para financiar sus obligaciones de corto plazo que pueden llegar a más de $us 3.000 millones. Esta validación estaba en una de las disposiciones transitorias que, en principio, se anularon en la Comisión de Planificación de Diputados.
La dependencia de importaciones y agotamiento energético será la tercera prueba para la administración de Arce. El agotamiento de los campos de gas y la falta de inversión en exploración han incrementado la dependencia de Bolivia de las importaciones de diésel y gasolina. Este déficit energético representa una salida neta de capitales que ha debilitado la balanza comercial del país.
En este contexto, el PGE muestra dos tendencias. Por una parte, los gastos corrientes continúan incrementándose —12% más respecto a 2024— y una reducción 5,8% de la inversión pública. A esto se suma, la subvención a hidrocarburos que llegará a Bs 15.156 millones, aproximadamente, 50% más que el presupuesto 2024, según Jubileo.
Presiones inflacionarias y factores externos, son el cuarto reto. La inflación global, impulsada por conflictos internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto Israel-Palestina, ha repercutido en el costo de importaciones esenciales, de acuerdo con el análisis del Gobierno respecto al desempeño de la economía y sobre el que se basó la elaboración del Presupuesto.
En el plano interno, los bloqueos promovidos por Evo Morales en 2024 generaron una inflación acumulada del 8,82%, afectando directamente a los hogares bolivianos.
El quinto punto a superar es el crecimiento desigual del gasto público. En este sentido entre 2021 y 2025, los recursos destinados al Poder Ejecutivo aumentaron significativamente, pasando de Bs 13.000 millones a Bs 23.000 millones. Este incremento ha generado críticas por la falta de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en ministerios como la Presidencia, que concentra más de Bs 2.500 millones.
El estancamiento de la industrialización, es el sexto reto, pues a pesar de los avances en proyectos estratégicos como la Planta Siderúrgica del Mutún y contratos para el aprovechamiento del litio, el proceso de industrialización enfrenta retrasos y la necesidad de una mayor diversificación económica para reducir la dependencia del gas.
Arce destacó la pronta inauguración de la Planta Siderúrgica del Mutún, que ahorrará $us 200 millones al año en importaciones de acero y la construcción de una planta fundidora de zinc.
Finalmente, la coyuntura electoral tendrá su peso específico. La prematura electoralización del país ha intensificado la polarización política y económica. El Gobierno asegura que las decisiones presupuestarias no estarán condicionadas por el contexto electoral, aunque la oposición cuestiona el uso de recursos para fines políticos.
La asonada golpista del 26 de junio golpeó a la economía. Por efecto de esos hechos, la cotización paralela del dólar superó los Bs 14.
El Gobierno también señala a los dos bloqueos de caminos que promovió Evo Morales como responsables de una inflación que, por primera vez en 16 años, acarició los dos dígitos.
