En la sesión legislativa de este lunes, los senadores y diputados opositores y los dos bloques del oficialismo: ‘arcistas’ y ‘evistas’ se enfrascaron en debatir cuál proyecto de ley de modificación al Presupuesto General de Estado (PGE) 2023, reformulado, van a poner en consideración para su aprobación o rechazo:
¿El proyecto modificado en el Senado que es la cámara revisora y que eliminó las siete disposiciones transitorias?, ¿o el proyecto de la Cámara de Diputados que es la cámara de origen y que mantiene dichas disposiciones adicionales?
Ya son más de cinco horas que los legisladores se enfrascan en un debate con carácter previo al tratamiento de fondo de dicho proyecto de ley. Nadie discute ni rechaza el incremento al PGE ajustado para esta gestión, todos están de acuerdo en aprobar los cuatro artículos que tratan el tema.
El centro del debate y desacuerdo son las siete disposiciones adicionales mismas que fueron eliminadas por el Senado que se constituye en cámara revisora y con esa modificación fueron devueltas a Diputados, que es la cámara de origen.
En su última sesión del 30 de octubre, los diputados, por mayoría simple rechazaron las modificaciones que le hizo el Senado y por consiguiente, dicho proyecto fue remitido a la presidente de la Asamblea Legislativa para que sea esta instancia que trate dicha norma.
“Lo que estamos discutiendo es el proyecto de ley 464”, dijo el presidente de la ALP; David Choquehuanca en respuesta a las preguntas y exigencias de los senadores y diputados y leyó su reglamento: "Si la cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la cámara de origen acepta con mayoría absoluta de los miembros presentes (…) en caso de que no las acepte, las dos cámaras se reunirán a requerimiento de la cámara de origen dentro de los 20 días correspondientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el pleno de la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta".
La senadora de CC, Andrea Barrientos, cuestionó a Choquehuanca: “¿Qué proyecto de ley es el que pretende tocar en esta asamblea?, ¿el proyecto de ley de la cámara de origen?, o el proyecto de ley de la cámara revisora. La última modificación que se ha efectuado en este documento es el que ha presentado la cámara revisora: el Senado nacional, Le exijo que respete la investidura del Senado nacional y que toque la modificación que se ha hecho en el Senado”, dijo Barrientos.
“La realidad, presidente (David Choquehuanca) es que el Senado le ha dicho no a la trampa que su gobierno nacional le quiere imponer al país, no a la trampa de persecución política, no a aquellos que so pretexto de investigación financiera quieren meter presos a todo aquel que piense distinto al gobierno nacional, eso es lo que ha rechazado el Senado”, dijo.
En tanto, el diputado ‘arcista’ Jerges Mercado, defendió que el proyecto que tiene validez es el proyecto que aprobó en Diputados y que se envió al Senado “solo para revisión” no para que modifique nada, pero los senadores “quisieron hacer revisiones innecesarias a unas cláusulas transitorias innecesarias”, según Mercado.
El legislador cruceño dijo que en su última sesión de Diputados, ellos “se pusieron la mano al pecho" y aprobó nuevamente en grande y detalle todo lo que habíamos aprobado el día 5 (de octubre) y rechazamos las modificaciones de los senadores porque las consideramos infundadas, innecesarias y obstruccionistas”.
Por lo tanto, Mercado señaló que el proyecto del Senado que fue rechazado en Diputados, el mismo “no existe” y “el único proyecto que existe como cámara de origen es el proyecto que fue aprobado el 5 de octubre y ratificado el 25 (30) de octubre”.
Entre las siete disposiciones adicionales está el artículo 7: “Los sujetos obligados así como sus directores, gerentes, administradores, funcionarios responsables, miembros de la unidad de cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) de buena fe, operaciones sospechosas con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad administrativa civil y penal por la transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte cualquiera fuera su naturaleza. Queda prohibido rebelar el hecho de que está entregando a la UIF un reporte de operaciones sospechosas o la información relacionada al mismo, por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”, leyó el diputado ‘evista’, Héctor Arce.
El legislador agregó que este artículo no tiene relación con el PGE ajustado 2023, “se está creando funcionarios superpoderosos, se está blindando a los funcionarios de la ASFI para que puedan meter sus denuncias y perseguir, acosar, intimidar con denuncias fantasiosas y políticas. Queremos alertar al pueblo boliviano”.
En tanto, la senadora de CC, Daly Santamaría, mencionó entre otros puntos, la disposición tercera que busca ampliar el “fomento al desarrollo de ciencia y tecnología” para que no sean solo las universidades las encargadas de impulsar estas tareas. “Ésa es una competencia autonómica de las universidades y esta Cámara (Asamblea Legislativa) no puede vulnerar”, dijo Santamaría.
En cambio, la diputada ‘arcista’, Deysi Choque dijo que “siempre” han aprobado los proyectos de ley presupuestal con disposiciones adicionales y “qué casualidad” que hoy sus colegas disidentes se alinean con la oposición para “sabotear” al gobierno de Luis Arce. “Las disposiciones adicionales están para quitar la burocracia y los trámites que tienen los municipios”.
Con todo, los opositores al Gobierno y los ‘evistas’ se resisten a aprobar el PGE ajustado 2023 con las siete disposiciones adicionales calificadas “de contrabando”.
Todo este debate “con moción previa” se desarrollaba en presencia de alcaldes de distintos concejales y alcaldes de distintos municipios del país, de representantes de universidades y de otros representantes de organizaciones sociales que exigían que se apruebe el proyecto de ley del PGE ajustado 2023.
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