Los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigieron que la Justicia actúe de manera inmediata contra Nicolás Ramírez Taboada, uno de los cabecillas del secuestro a 17 personas en Las Londras, por las amenazas que realizó contra el trabajo periodístico y el diario EL DEBER.
“Este martes, el procesado nuevamente entró en escena y amenazó con violencia en una disputa por tierras agrícolas en el municipio de Guarayos, y advirtió con el uso de armas en una ‘segunda revolución agraria‘”, dice parte del comunicado oficial.
La ANP lamenta la actuación judicial contemplativa que alienta la impunidad en casos de violencia contra periodistas y medios de información. Además, pide garantizar el trabajo de los periodistas ante estas nuevas amenazas.
El fin de semana, Nicolás Ramírez se estrelló contra los medios y en especial con esta casa periodística: «El periódico El Deber es una lacra», dijo molesto por la cobertura periodística a los avasallamientos en Guarayos, y en especial, al caso Las Londras, que consistió en una toma violenta, que además secuestró a periodistas y policías, hecho criminal que no avanza en los estrados judiciales y que tiene a tres implicados con detención domiciliaria y dos sin ser aprehendidos aún.
Amenazante expresó que es un dirigente y que da la cara: «Aquí estoy, les doy la cara. Se metieron con San Julián. Nos dieron plomo y voy a ser claro y sincero, nosotros nos vamos a defender, ahora sí, con armas. No tengo miedo. Nosotros mañana planificaremos una operación armada», dijo ante la muerte de un joven viviente de San Julián.
Ramírez fue identificado como el autor de la agresión a policías y de haber pisado en el cuello al comandante policial coronel Rolando Torrico, al que además despojó de su arma durante el secuestro en Las Londras, el 28 de octubre de 2021. En las investigaciones de la Fiscalía se determinó que el encapuchado que apuntó con un arma de fuego contra el camarógrafo de televisión, Percy Suárez, fue Ramírez.
Por el caso Londras, Nicolás Ramírez tiene una orden de aprehensión en su contra y está imputado los supuestos delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa y amenazas.
El dirigente de la Federación de Comunidades Interculturales, Tito Flores Condori, también criticó la labor de la prensa de Santa Cruz a la que acusó de tergiversar la información con fines políticos para favorecer a algunos empresaios.
“Condenamos la manipulación de la prensa en la información, así como EL DEBER, Unitel y otros que tergiversan, que mienten, que dan falsa información para confundir a la población boliviana y a las autoridades. Manipulan todo tipo de discurso para favorecer a las élites de poder y a empresarios terratenientes. Son defensores de los intereses de los grandes empresarios terratenientes. La libertad de la prensa es la libertad para difundir mentiras, para criminalizar la lucha de los pobres, de los humildes, para criminalizar la lucha de nuestros hijos de la comunidad 24 de Septiembre. Algunos medios de comunicación están siendo controlados por intereses económicos”, leyó Flores en el tercer punto de la resolución 11/2023, que aprobaron en San Julián.
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) rechazó las sindicaciones contra los trabajadores de la prensa que fueron expresadas por la Federación de Comunidades Interculturales San Julián Norte y comunidades afiliadas a la central Pailitas y Las Londras, el 6 de diciembre.
La presidenta de los periodistas cruceños, Maggy Talavera, dijo a la Unidad de Monitoreo de la ANP que la acción de los interculturales “es alentada por la falta de accionar del Gobierno para contrarrestar discursos y acciones que no corresponden a un estado de derecho, y también deja en evidencia que en nuestro país no están dadas las garantías para ejercer la labor de prensa ni la libertad de expresión”.
