Los proyectos de ley 073 y 075 tratan la suspensión de plazos procesales y de mandato de los magistrados autoprorrogados, los mismos que serán tratados este jueves a pesar de la feroz resistencia de la bancada arcista. La diputada María Cristina Choque (MAS-ala evista) recordó la existencia de dos antecedentes similares en el pasado.
“En la pandemia el Tribunal Supremo de Justicia sacó una circular, la 07/2020 donde dice que ‘en ese lapso de actividades suspenderá todo plazo procesal que se encuentra corriendo en el ejercicio de un derecho’, entonces en este caso la circular ha suspendido por 6 meses para que los litigantes no se perjudiquen”, explicó la diputada y mostró el documento firmado por la presidenta del TSJ de ese entonces, María Diaz Sosa.
El 12 de diciembre de 2023 los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron la declaración constitucional 049/2023 mediante la cual dispusieron la prórroga de su mandato hasta que se elija a nuevas autoridades, decisión que provocó la reacción negativa en la población y culminó en un bloqueo de caminos que obligó al Gobierno a acordar una ley de elecciones judiciales.
Pero la diputada Choque dijo que también existe un antecedente mucho más antiguo y mucho más extenso, pues en 2009, la entonces magistrada, Silvia Salame, que hoy es senadora por CC, pidió una ley a la Asamblea para destrabar miles de causas que estaban en el TCP de ese entonces.
Según los reportes de ese entonces, el estado de parálisis que sufría el TCP en sus causas era desde diciembre de 2007 y el pedido fue realizado en marzo de 2009 fueron 15 meses en los cuales las causas no fueron atendidas por falta de autoridades.
“En ese entonces tampoco el mundo se ha caído, con eso quiero demostrar que nuestras autoridades, tanto el ministro (Iván) Lima como el presidente de los diputados (Israel Huaytari) y el presidente de la comisión de Constitución Juan José Jáuregui mienten al pueblo, no es cierto que la gente se vaya a ver perjudicada, van a ser seis u ocho meses nada más”, matizó la legisladora.
Los padres del triunfo
Luego de la promulgación de la ley 1549 de elecciones judiciales, los partidos se apropiaron de ese logro y hasta los opositores afirmaron que fue la presión en la Asamblea que obligó al Gobierno a tratar la Ley en una mesa de negociación.
El martes el Gobierno organizó todo un acto de masas que se asemejó a un lanzamiento de campaña electoral con presencia masiva de funcionarios públicos y organizaciones afines al Ejecutivo. El acto hizo ver que fue el oficialismo quien viabilizó las elecciones judiciales.
Este miércoles, Evo Morales convocó a sus organizaciones y concluyeron que fueron ellos, quienes con el bloqueo de caminos que obligaron al Gobierno a tratar el proyecto y aprobar de manera acelerada.
El diputado, Beto Astorga (CC) salió a declarar que fue la presión opositora en la Asamblea y de la ciudadanía en las calles lo que obligó al Gobierno a sentarse a negociar.
