Iván Lima Magne, el abogado paceño de 50 años quien, hasta el 26 de septiembre fue ministro de Justicia por casi cuatro años, renunció al alto cargo para dar gobernabilidad a la gestión del presidente Luis Arce y porque además, tenía una relación “muy mala” con la Asamblea Legislativa.
La exautoridad, en entrevista con EL DEBER Radio realizó un balance de los años al mando del ministerio de Justicia, la cartera políticamente más estratégica del Gobierno de Luis Arce, desde donde se marcó la línea de acción en temas fundamentales, desde una fallida reforma judicial, la defensa férrea de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del TCP, hasta la intención de hacer un referéndum constitucional, pasando por encima de la Asamblea Legislativa.
“Yo creo que soy un problema para la gobernabilidad de este país, mi relación con la Asamblea Legislativa es muy mala”, admitió Lima al Grupo EL DEBER.
En los días de más tensión política y social que se vivió en la ciudad de La Paz donde llegó Evo Morales con su marcha y plantó un ultimátum al presidente Luis Arce, Iván Lima presentó su renuncia irrevocable, misma que fue aceptada por el jefe de Estado.
Tras el alejamiento de Lima del gabinete de Arce, se tejieron varias conjeturas, entre ellas que Lima renunció para evitar que Morales cumpla su amenaza de bloquear las carreteras del país, o las versiones que dieron funcionarios de rangos medios del Ejecutivo, en sentido de que a partir de ahora la tarea de Lima sería llevar adelante el proceso contra Morales, o que el presidente Luis Arce le pidió que renuncie y que sería designado como fiscal interino. La exautoridad aclaró que su renuncia no fue por ninguna de esas causas.
“Yo no soy el titular de la acción penal (contra Evo Morales) en este momento, no voy a ser fiscal general, no aceptaría que se me designe por decreto supremo y tampoco he participado en el proceso”, subrayó.
Para Lima, la mala relación con el Legislativo fue su talón de Aquiles y recuerda que “lo peor” que le pasó como ministro de Justicia fue que la Asamblea rechazó su proyecto de ley que planteaba la imprescriptibilidad del delito de violación a niños, niñas y adolescentes.
“Me dijeron varios diputados que si era otro ministro el que llevaba el proyecto de ley, se aprobaba la norma”, pero se rechazó en Diputados y “el motivo fue que no se llevaban bien conmigo”.
Lima cuenta ese pasaje para decir que esa mala relación que tuvo con la Asamblea Legislativa representaba un problema para el presidente Arce que en el último año reclama constantemente y pide al Legislativo que apruebe los créditos internacionales que suman más de mil millones de dólares.
“Teniendo un ministro de Justicia que tiene tan mala relación con la Asamblea y tiendo tan cerca la elección de los presidentes del Senado y Diputados, creo que solo iba a representar un problema”, dijo Lima.
En esa sintonía, desde el Parlamento, la oposición y ‘evistas’, aplaudieron la renuncia de Lima, desaprobaron su gestión desde la cartera de Justicia y apostaron que Lima regresaría como el fiscal general del Estado.
La noche de la posesión del nuevo ministro de Justicia, Lima, con una sonrisa entre irónica y burlona dedicada a sus detractores, descartaba esa posibilidad.
Sin reforma judicial
Cuando hacía sus primeras armas como ministro de Justicia en 2020, Lima se trazó la tarea de realizar una reforma judicial y para ello convocó a abogados notables y expertos juristas que trabajaron en anteriores gobiernos, entre ellos, el ex presidente de Bolivia y expresidente de la ex Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar José Luis Gutiérrez Sardán, el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia y el exconjuez de la ex Corte Suprema de Justicia Bernardo Wáyar Caballero.
Lima no vio que el convocar a exautoridades de “gobiernos neoliberales” para que asesoren al Gobierno de Luis Arce, era visto como “un pecado” por las organizaciones sociales del MAS, que en esa época, mantenía su unidad monolítica y no había ‘evistas’ ni ‘arcistas’.
Y fue precisamente desde el Legislativo que surgió el rechazo al plan de Lima y su grupo de notables. Los masistas decían que no se podía excluir a las organizaciones sociales de esa reforma judicial y veían con mucho celo la presencia de exautoridades “neoliberales”. El discurso político que impuso Morales desde 2006 es que el gobierno del MAS es ante todo “antineoliberal” y “antiimperialista”.
“La posibilidad de diálogo es vista como algo malo dentro de la política boliviana y creo que el peor pecado es que te saquen una foto hablando con otro político. Por eso cuando asumo el cargo de ministro se me ocurre hacer una mesa con todos esos actores políticos, con todas las visiones (…) estaba todo el país representado, y eso era un pecado y no lo había medido en la magnitud porque asumía que una política pública de largo plazo como es la justicia, tiene que trabajarse entre todos los bolivianos”, afirmó Lima.
La exautoridad calcula que si el trabajo de juristas notables hubiese progresado y no sido vetado por la ideología masista, en la actualidad, lo más probable es que hubiera cambiado el modo de elegir a los magistrados que actualmente es por voto popular, hecho que “está mal” y es una de las causas de la “grave crisis” de la Justicia en Bolivia.
¿Y quién es el responsable de este bloqueo?, Lima no titubea al señalar al expresidente Evo Morales y sus parlamentarios. “Una persona tuvo la capacidad de bloquear esa iniciativa, me refiero a Evo Morales, a sus parlamentarios, y no logramos avanzar en algo que es fundamental. La Justicia tiene que reformarse con un gran acuerdo nacional y hay personas que no creen en esto”, dijo Lima.
