En la Asamblea Legislativa Plurinacional surgen proyectos de ley para penalizar los bloqueos de carreteras. Hay iniciativas que piden entre ocho y diez años de cárcel para bloqueadores, pero también hay propuestas entregadas por empresarios. Entre enero y febrero se vivió la peor crisis de este año, cuando hubo cuatro fallecidos, varios puntos de bloqueos y grandes pérdidas económicas para el Estado y privados.
Una de las iniciativas la presentó el diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC). El legislador opositor propone que los incitadores a bloqueos de carreteras sean sancionados con la privación de libertad de cinco a ocho años. Para ejecutar esta propuesta, el asambleísta propone modificar el artículo 213 del Código Penal Boliviano.
“Propongo modificar el actual Código Penal, su artículo 213, que establece una tipificación simplemente a la interrupción del transporte, no es algo claro, eso es algo ambiguo. Ningún derecho es absoluto, eso lo dice la norma. Esta medida hay que distinguirla de las marchas, de huelgas, de cualquier otra medida que se utiliza como una medida legitima de protesta. Con el bloqueo de carreteras, de caminos principales, estamos afectando a la economía y a la estabilidad social”, detalló Balderas.
La otra iniciativa tiene que ver con la Ley de Prohibición de bloqueos de carreteras para garantizar la libre circulación vehicular en la red fundamental, departamental y municipal, realizada por diputados de la bancada de Creemos. En la parte de los considerandos señalan que la población boliviana está cansada de bloqueos de caminos, ya que eso perjudica a todos los sectores económicos del país y hasta se prohíbe el derecho a la salud y educación, por tanto, esta propuesta establece penas de reclusión de entre uno y seis años.
Propuesta privada
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) también presentó su proyecto de normativa, cuyo fin es que Bolivia salga de un “ciclo destructivo” que ahuyenta las inversiones, alimenta la desigualdad y el desempleo. El presidente de ese sector, Pablo Camacho, detalló que con la propuesta de norma se plantea modificar e incluir artículos en el Código Penal, entre los cuales una de las propuestas es agravar la pena por el delito de amenazas y que el mismo se sancione con tres a seis años de cárcel. Actualmente, es de tres a 18 meses.
Además, el sector industrial propone incluir el tipo penal de Obstrucción, mediante el cual se sancione con privación de libertad de cuatro a ocho años y multa de 60 salarios mínimos nacionales a quienes “ilegalmente” procedan al bloqueo total o parcial de caminos u obstruyan el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas.
“La imagen de país se ve deteriorada, porque lo único que exportamos es conflicto. Todo esto es porque los bolivianos hemos perdido el concepto de diálogo, y hoy todo es bloqueo. Cuando nuestro país necesita trabajar, producir y exportar, se ve una afectación al sector industrial, al sector formal, que supera muchas veces los diez millones de dólares”, detalló Camacho.
Mientras, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) cuantificó más de 1.100 hechos, entre 2013 y 2023, que perjudicó a ese sector entre protestas sociales y cierre de las principales vías en el país.
“El abuso, principalmente, de las acciones de bloqueo de vías principales y carreteras del eje troncal, que mantiene un flujo constante de alto tráfico vehicular, afectan seriamente el normal desarrollo de actividades particulares, comerciales y de provisión en todo el país”, argumenta la propuesta de norma de la FEPC.
Entre enero y marzo de este 2024, en Bolivia se registraron 272 conflictos sociales, de distintos sectores sociales que realizaron bloqueos de caminos, marchas, huelgas, entre otras acciones de protesta por sus derechos.
