Unos 3.000 médicos con 65 años o más asegurados al sistema de pensiones pueden estar expuestos a una jubilación forzada, de aprobarse el proyecto de ley de modificaciones a la Ley 065 de Pensiones, que tiene movilizado al sector salud y a profesionales de otras ramas. Este martes, los trabajadores y profesionales de salud iniciaron un paro de 72 horas, lo que reduce las atenciones solo a servicios de emergencias.
El proyecto de ley, que se analiza en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, plantea la jubilación a los 65 en base a una evaluación médica, que estará a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO).
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Según el presidente de la Federación de Profesionales de La Paz y expresidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, unos 25.000 profesionales en todas las áreas en el país tendría que jubilarse y el INSO no tiene las condiciones para albergar a tanta gente.
Larrea indicó que la afectación se sentirá con fuerza en el sistema de salud, porque unos 3.000 médicos a escala nacional que están trabajando tendrían que salir inmediatamente, de aprobarse el proyecto de ley. La mayoría de ellos son especialistas. “Si no tenemos especialistas, con esto se sentirá más todavía. El sistema se quedaría muy cojo”, subrayó.
La situación de los médicos en Santa Cruz
Por su lado, la doctora Kadidja Ovando, vocera de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), señala que en Santa Cruz afectará a un 30 por ciento de los médicos que trabajan en los hospitales de tercer nivel, es decir, a unos 800 especialistas, como cirujanos oncólogos, cirujanos pediatras y radioterapeutas.
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Lamentó que los profesionales, en lugar de estar en los hospitales, están obligados a salir a las calles por la tozudez del Gobierno “que pretende vulnerar el derecho constitucional al trabajo de todos los bolivianos”.
“Esta ley no va a afectar solamente al área de salud, sino a todos los bolivianos. No estamos en contra de una jubilación ni a una reforma de la ley de pensiones, ni del bono solidario, lo único que estamos pidiendo es que quiten la disposición transitoria, donde nos ponen una fecha de caducidad a los profesionales de todo Bolivia”, dice.
Cuestiona el artículo que señala que los profesionales tienen que hacerse la evaluación a los 65 años, pero observa que no se los incluye a los diputados, senadores, ministros ni a todos los que son de libre nombramiento. “Los políticos son de una clase rara de humano que no están metidos en esta ley. Creemos en la igualdad de derechos, creemos que todos los bolivianos tenemos capacidades y más nosotros del sector salud que (los médicos mayores) son nuestros grandes maestros que forman a los nuevos especialistas”, dijo Ovando.
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Daniel Gutiérrez, secretario provincial del Fesirmes, coindice en que los más afectados serán los hospitales de tercer nivel, donde están especialistas y profesores que forman a las nuevas generaciones. “Hay especialidades donde jubilarán al colega y no habrá quién lo pueda suplir, esto se puede dar en el área de oncología y neonatología. Son grupos etarios cuya salida afectará a la población, porque son personas mayores y el Gobierno no ha hecho nada por formar en esas especialidades”, indicó.
Agrega que hay profesionales de hasta 40 años de experiencia que transmiten conocimientos a los nuevos. “Eso no quiere decir que los médicos jóvenes no están capacitados, pero siempre se necesita de la guía de los experimentados”, insiste.
Calcula que solo en el sistema departamental de salud son más de 6.000 profesionales los que se verán afectados, entre médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos y otros.
Lo que dice el Gobierno sobre las movilizaciones y el proyecto de ley
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, señala que el proyecto de Ley 035 busca incrementar las pensiones de jubilación, toda vez que se está modificando los límites solidarios, de tal forma de que los jubilados y los que se van a jubilar puedan recibir un incremento en las pensiones de hasta Bs 1.000 en función a los años de aporte durante su vida laboral.
Señala que la edad mínima de jubilación se mantiene a los 58 años en varones y, en el caso de las mujeres, puede bajar hasta los 55 años. Descarta que el proyecto de ley establezca una jubilación forzosa u obligatoria, sino que será voluntaria.
“No se está cambiando la edad de jubilación. Lo que en realidad establece la disposición única de este proyecto de ley es que los trabajadores que cumplan 65 años puedan acceder a un examen médico a cargo del INSO”.
Agrega que “es una medida preventiva para que los trabajadores a esa edad tengan información sobre su estado de salud y sean ellos mismos los que decidan si quieren seguir trabajando o si quieren iniciar su trámite de jubilación”.
Añade que, además de la edad de jubilación establecida, para jubilarse el trabajador debe tener al menos diez años de aportes continuos o discontinuos al sistema de pensiones.
Recordó que en el país hay 17.800 jubilados que continúan trabajando, lo que demuestra que la jubilación no es impedimento para trabajar
Además, indicó que los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que cada año fallecen 2,4 millones de trabajadores en el mundo, a causa de enfermedades laborales, por lo que se recomienda realizar un examen ocupacional para establecer las condiciones físicas y mentales de los empleados.
Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó de político el paro médico que se inició este martes y anunció que se verificará qué establecimientos suspendieron los servicios para aplicar las sanciones que corresponda.
El viceministro lideró una inspección en diferentes centros hospitalarios de La Paz para verificar quiénes están trabajando y quiénes no.
“No solamente acá (en el Hospital de Clínicas de La Paz haremos la inspección), sino también nos vamos a constituir en otros centros de salud, en coordinación con el Ministerio de Salud a objeto de verificar quiénes están prestando la atención, quiénes han suspendido el servicio y, de acuerdo a la norma, aplicar las sanciones correspondientes”, dijo Silva.
Foto: Juan Carlos Torrejón
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