La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) expresó su profunda preocupación por la situación que enfrenta el general del servicio pasivo Tomás Peña y Lillo y su familia tras el ‘fallido golpe de Estado‘ del pasado miércoles.
A través de un comunicado, la CIDHPDA condenó la irrupción de la policía en la casa de la comisionada Katherine Antezana en La Paz, con la intención de aprehender a su esposo, el general Peña y Lillo, y exigió al Estado boliviano que garantice su vida y seguridad y que «respete sus derechos humanos fundamentales en todo momento y en todas las circunstancias».
«Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, instamos a las autoridades a actuar con responsabilidad y respeto hacia los derechos de todas las personas, sin excepción», señala el comunicado.
Comunicado de la CIDHPDA
La esposa del general, Katherine Antezana denunció, la madrugada del jueves, que policías llegaron a su casa en busca de su pareja, pero aseguró que desconoce su paradero.
A pesar de no tener una orden de allanamiento, los uniformados le pidieron a ella y a su hijo que los acompañaran a dependencias policiales, situación que no sucedió.
En un video, contó que logró ver al menos cuatro vehículos policiales en la calle, que se retiraron después de ser amenazados con que se iba a convocar a la prensa y a organismos internacionales.
Además, “ellos no me pueden hacer nada, porque soy una comisionada de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, remarcó.
Según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el general Peña y Lillo es uno de los principales sospechosos de haber sido cómplice de la asonada militar del pasado miércoles 26 de junio. Además de él, otros dos militares en retiro, el también excomandante del Ejército José Antonio Agreda y un coronel, Ramiro Calderón de la Riva, son buscados por las autoridades.
Hasta la mañana de este viernes, el Gobierno informó que se tienen 21 personas aprehendidas por el denominado «golpe de Estado fallido».
«Reiteramos nuestra preocupación por la situación y hacemos un llamado a la calma y al diálogo constructivo. La CIDHPDA seguirá vigilante y abogando por la justicia y la protección de los derechos de quienes han dedicado su vida al servicio de la patria», concluye el comunicado de la CIDHPDA, firmado por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado para América Latina y el Caribe.