El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) está formado por expertos independientes que supervisan el cumplimiento de convenciones internacionales para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Esta entidad puso la lente sobre el país y está preocupada.
De hecho, el más reciente informe de esta entidad sobre el país fue calificado de “muy duro” por especialistas en relaciones internacionales y molestó al gobierno del presidente Luis Arce.
Y es que el Comité expresó su preocupación sobre el Censo de Población y Vivienda. Ve debilidades y un impacto débil en la lucha contra el racismo y la discriminación. Al igual que otras entidades internacionales, está alarmada por la crisis judicial.
Dichas observaciones se divulgaron tras conocer los informes que Bolivia presentó en los últimos periodos de sesiones de dicho Comité. Estas sesiones tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2023, tras lo cual esta entidad de la ONU destacó la aprobación de nueve leyes de la Asamblea Legislativa, la ejecución de seis medidas administrativas del Ejecutivo, pero también expresó su preocupación y emitió sus recomendaciones.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, aseguró que en el último informe ante el Comité se “evaluaron positivamente diferentes acciones realizadas por el país”. No mencionó las preocupaciones de la ONU sobre Bolivia, pero sí hizo énfasis al recalcar que estas evaluaciones de la entidad de la que Bolivia es parte, “no están facultadas para exigir al Gobierno el cumplimiento de algo”. Solo recomiendan, aseguran.
Las observaciones
En las observaciones finales sobre los informes de Bolivia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación en al menos seis problemáticas relacionadas con temas de discriminación y racismo y retardación de justicia, entre otros.
Una de ellas es el Censo Nacional de Población y Vivienda programado para el 23 de marzo. “Al Comité le preocupan las limitaciones en la recopilación de datos completos”, que impiden la actualización y mantenimiento de las bases de datos que “dificultan la generación de estadísticas e indicadores socioeconómicos del pueblo afroboliviano, la población migrante, refugiada, solicitante de asilo y apátrida”.
En ese marco, el Comité ve “debilidades metodológicas” en la variable de autoidentificación, y en la formación de los encuestadores para el Censo de este año.
Es por eso que el Comité recomienda al Estado que garantice que “todos los instrumentos de encuesta, planificación y estadísticas” incluido el Censo y todos los registros y formularios oficiales “recolecten sistemáticamente información exhaustiva sobre el principio de autoidentificación”.
Sobre la situación del sistema judicial en Bolivia, el Comité se adhiere a las preocupaciones de otros dos comités de la ONU como son el de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura, instancias que también expresaron su alarma por los diversos informes que señalan problemas estructurales en la administración de justicia, como la falta de independencia judicial, el presupuesto inadecuado y la limitada cobertura geográfica.
En ese plano, el Comité recomienda al Estado que “acelere el proceso de reforma del sistema judicial, asegurando y protegiendo la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizando que su actuación se vea libre de presiones e injerencias”. La ONU también plantea que se continúe implementando las recomendaciones por mecanismos internacionales para la reforma del sistema de justicia, entre ellos los dos comités de la ONU citados líneas arriba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sobre el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, el Comité de la ONU observa con preocupación que “el marco normativo vigente sobre consulta previa es sectorial, fragmentado y no garantiza los estándares internacionales y regionales” sobre el derecho a la consulta de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano”.
Otra preocupación del Comité de la ONU es que la Ley 045 Contra el Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, “no incluya de forma expresa y clara la definición y prohibición de la discriminación directa e indirecta tanto en el ámbito público como el privado”, además le alarma la “limitada aplicación de dicha norma y el escaso número de sentencias impuestas a los autores, con una sola sentencia en el período 2010-2021”.
Es por eso que el Comité recomienda a Bolivia “que tome todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones legales” de la Ley 045 y también realice un ajuste en dicha norma para que “incluya de forma expresa y clara la definición y prohibición de la discriminación directa e indirecta tanto en el ámbito público como el privado”.
En ese marco, el Comité también “está preocupado por el limitado impacto de las acciones dirigidas a prevenir y luchar contra las formas múltiples e interseccionales de discriminación a las que se enfrentan” diversos grupos de la sociedad como mujeres, niños, adolescentes, adultos, con discapacidad y personas de la comunidad LGBTI.
El Ministerio de Justicia dijo que con “la amplitud” toman las sugerencias del Comité de la ONU y en el marco de la soberanía, se aplicarán las recomendaciones. “Estos informes toman un contexto general y somos amplios cuando aceptamos que vengan organismos internacionales a evaluar lo que se está haciendo”, dijo la viceministra de Justicia, Jessica Saravia.
Los órganos de los tratados de Derechos Humanos en el sistema de Naciones Unidas son 10 comités de expertos que supervisan que los países miembros apliquen los principales tratados internacionales en esa materia. Uno de esos es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que emitió sus recomendaciones a Bolivia.
Análisis
Es un informe muy duro para Bolivia
Jaime Aparicio / Diplomático
Bolivia está empezando el año con un mensaje muy duro de los organismos internacionales que ya no creen en cuentos de hace casi 20 años de un gobierno que vela por los más pobres, por los indígenas. Ese discurso se cayó.
Es la primera vez que directamente un documento de un organismo tan importante como es el Comité que vigila el cumplimiento de la Convención contra el racismo y la discriminación, de la ONU, señala las responsabilidades de Bolivia y que no se han cumplido, empezando por una reforma judicial y el estado deplorable de nuestra justicia.
Otro tema es el del Censo para este año, y que incumpliendo la Constitución no se ha realizado el año pasado. Se debe tomar en cuenta que el Censo es fundamental para la verificación de la situación de las naciones indígenas. No se puede combatir la discriminación y la pobreza si no hay datos ni estadísticas claras de la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones.
En el punto de la reforma judicial, el Comité dice que no se ha llevado a cabo y exigen que finalmente se realice, y además ratifican que éste no solo es un pedido de este Comité si no que está en la línea de lo que ya se ha pedido a través del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité Contra la Tortura, el GIEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso el Relator sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas. Todos estos organismos han llamado la atención en Bolivia de que no puede seguir un sistema judicial subordinado al Gobierno.
Es un informe muy duro porque muestra que después de casi 20 años no hubo avances, pero sí muchos slogans. Ahora vemos que los organismos internacionales están constatando que solo fueron discursos, leyes aprobadas porque en la realidad seguimos igual o peor que antes.
