Un ambicioso proyecto de Ley de Acceso a la Información de 38 artículos fue aprobado la mañana de este miércoles en la Cámara de Senadores, documento que fue derivado a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción. El documento permite el acceso a información de cualquier entidad del Estado incluso de las FFAA para acceder al escalafón de personal, que fue dispuesto por un fallo internacional contra Bolivia.
“La documentación clasificada del Escalafón del Personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible, señala la disposición transitoria primera de este proyecto.
La aprobación de este y otros proyectos se da en el marco de un periodo preelectoral en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde las dos cámaras deben renovar a sus directivas y el actual presidente, Andrónico Rodríguez, asumió una serie de compromisos en noviembre del pasado año para ser reelecto. Ahora intenta quedarse nuevamente como presidente.
El proyecto de Ley establece un acceso irrestricto a los documentos del Estado y coloca excepciones que deben ser reguladas por una ley. Se podrá preservar los documentos solo en tres casos: cuando la información sea “secreta, reservada o confidencial”, pero incluso para estas categorías, el proyecto de ley fija periodos de tiempo y luego deben ser liberados.
“Toda institución pública o entidad está obligada a brindar el más amplio acceso a la información y documentación de carácter público de forma colaborativa con la población” señala el artículo 8 del proyecto y luego afirma que el solicitante no tendrá la obligación de informar el destino del reporte que solicita.
Todas las instituciones estatales deben publicar, como mínimo, los datos de todos los funcionarios, incluidos aquellos que son de contrato. “El número total de personal, nombres, cargos que desempeñan, jerarquía, manual de funciones, contratos, términos de referencia y perfiles de los puestos, organigrama”, señala el artículo 11.
Asimismo, crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Público (CAIDP) cuyo titular será el Defensor del Pueblo y convocará a personalidades de reconocida trayectoria para integrar esta comisión. “La CAIDP tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública”, establece el artículo 26.
El proyecto plantea que todas las entidades deben establecer reglamentos internos en un plazo de 120 días para cumplir los mandatos de esta norma. El documento fue derivado a Diputados para su revisión, que debe suceder en la siguiente legislatura.