Santa Cruz despidió el 2022 en medio de una nueva jornada de violencia, que enfrentó a pobladores que piden la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y fuerzas policiales que reprimen las protestas callejeras.
Asambleístas departamentales del partido de Camacho denunciaron que sufrieron agresiones de los policías cuando se manifestaban “pacíficamente”. Algunos, como Svonko Matkovic (presidente de la Asamblea Departamental) y Paola Aguirre, recibieron atención médica.
Por otro lado, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) denunció que uno de sus funcionarios fue secuestrado y torturado por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), organización anexa al Comité Pro Santa Cruz.
Entretanto, vecinos se dirigieron hasta las afueras del Comando Departamental de la Policía para montar una vigilia que se mantendría hasta la liberación Camacho, quien cumple detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro (La Paz) por su supuesta participación en la crisis de 2019 que llevó a la renuncia de Evo Morales.
Las dependencias policiales cruceñas son resguardadas por decenas de efectivos, que velan por la integridad del recinto y están atentos a cualquier provocación de los ciudadanos apostados a solo unos metros de ellos.
El plantón frente a la Policía se instaló unas horas después de que finalizara el paro de 24 horas convocado pare el viernes por los cívicos cruceños, que en sus últimas horas escaló en violencia por la movilización de sectores civiles que buscaron acorralar el Comando empleando petardos y fuegos artificiales, desatando la reacción policial con gases lacrimógenos y disparos de perdigones.
Como resultado del tenso cierre del paro, la Policía detuvo a unos 50 manifestantes y se reportaron abusos de ambos bandos, como golpizas contra ciudadanos de a pie, quema de vehículos particulares, agresiones a periodistas y destrozos de oficinas públicas.
Las manifestaciones son una respuesta a la aprehensión, trasladado a La Paz y detención preventiva de Camacho en Chonchocoro, por la denuncia que pesa sobre él en el caso conocido como ‘Golpe I’, que lo implica en actos “terroristas” para derrocar a Evo Morales.
