Después de una semana de que la Sala Constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni activó una medida cautelar y paralizó el proceso de selección de postulantes para el Órgano Judicial, la misma instancia del sistema judicial determinó este miércoles dejar sin efecto la medida para que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, vuelvan a sus labores.
El director jurídico del Senado, Israel Quino, informó a través de sus redes sociales que esa instancia legislativa, que está a cargo de la defensa técnica, presentó una argumentación jurídica en la que se demostró que la medida cautelar impuesta por el tribunal de garantías del TDJ de Beni salía de proporción y atentaba el derecho constitucional de cientos de aspirantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Se logró demostrar que la medida cautelar impuesta por el tribunal de garantías era desproporcionada y que afectaba el derecho de más de 400 postulantes en el proceso de preselección; ganando así la acción tutelar que en su fase de admisión suspendía los exámenes orales de los aspirantes a altos cargos judiciales”, se lee en el mensaje del funcionario del Senado.
Es así que este miércoles 17 de julio, la Sala Constitucional primer del TDAJ de Beni, “dispuso dejar sin efecto la medida cautelar y con ello dar continuidad con la preselección judicial”, que está a cargo de dos comisiones mixtas del Legislativo.
La resolución, siempre según Quino, instruye que la Comisión Mixta de Constitución emita una nueva resolución sobre la situación de habilitación de un postulante al Tribunal Departamental de Justicia. Se refiere al postulante Jesús Martínez Subirana, y fue precisamente por esa habilitación que Heidy Padilla Medina, quien no es postulante, presentó un Amparo Constitucional en contra de ambas comisiones.
Es por eso que dicha Sala Constitucional suspendió toda actividad, entre ellas los exámenes orales programados del 11 al 13 de julio. Además, desde el Senado informaron que fueron notificados “con el congelamiento de nuestras cuentas y con la multa de 5.000 bolivianos, en menos de 24 horas”, decía el senador Miguel Rejas.
En el último actuado que revoca ese fallo, “se esclareció que no existe ninguna disposición que afecte el derecho al salario de los legisladores”.
Quien ordenó hace una semana la suspensión del trabajo de las dos comisiones mixtas que estaban a punto de hacer las entrevistas orales a los postulantes, es el vocal del TDJ de Beni, Charles Fernando Mejía Cardozo, quien postuló al TCP, fue inhabilitado y con dos amparos constitucionales también suspendió el proceso en fechas pasadas.