De las cuatro instancias del Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue utilizado como un instrumento para “pervertir o modificar” la Constitución Política del Estado (CPE) a partir de la Sentencia Constitucional 084/2017 que, a pesar de la decisión del soberano, avaló la reelección indefinida como un derecho humano, afirmó el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
“Esto aconteció el año 2017 cuando, pese a un resultado de la voluntad soberana del pueblo, que dijo que no estaba de acuerdo con una modificación de las reglas constitucionales para la reelección presidencial, este Tribunal le dio un giro interpretativo absolutamente inaceptable para los bolivianos que lo votaron e inaceptable para el órgano consultivo del Pacto de San José. A mi juicio este fallo fue una de las razones que precipitó la crisis política de 2019”, afirmó Rodríguez a EL DEBER Radio.
En la antesala de un anunciado escenario de conflictos sociales del bloque ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS), con bloqueos de carreteras a nivel nacional, Rodríguez Veltzé, quien también fue presidente de la otrora Corte Suprema de Justicia, realizó una evaluación de la crisis que enfrenta el Órgano Judicial, crisis que tocó fondo este 2024 con la no realización de la elección judicial y con la autoprórroga que los magistrados determinaron para continuar en sus cargos a pesar que el 2 de enero feneció su mandato constitucional.
Y fue precisamente la autoprórroga una de las últimas actuaciones cuestionables de los magistrados del TCP, medida que tiene todo el apoyo del Gobierno del presidente Luis Arce y que pone al TCP como la última e inapelable voz del Estado cuyas decisiones “deben” ser cumplidas por todas las instancias.
Rodríguez citó además de la autoprórroga otras decisiones cuestionables de los magistrados del TCP como el veto que puso a la Asamblea Legislativa cuando ordenó suspender las interpelaciones a más de la mitad de los ministros de Luis Arce por un amparo que presentó el titular de Economía, Marcelo Montenegro, y al que se acogieron como terceros interesados los ministros de las carteras más observadas como Gobierno, Defensa, Obras Públicas, Presidencia, entre otros.
Rodríguez Veltzé también anotó como un accionar cuestionable que en 2019, el TCP emitió un comunicado que “avaló la constitucionalidad de la autoproclamación de Jeanine Áñez”. Además de emitir fallos observados, los magistrados del TCP también cometieron omisiones notables, como por ejemplo, “no referirse a las detenciones preventivas, abusivas, no zanjar el tema de competencia del juicio de responsabilidades de expresidentes”.
Por todos estos hechos y demás, para Rodríguez Veltzé, “el Tribunal cavó su propia falta de credibilidad”, razón por la cual el sistema judicial en Bolivia está sumido en una profunda crisis, sin una aparente solución.
Además, reiteró que más allá de la sentencia 1010/2024 de autoprórroga, está el dictamen de la CPE que delimita el mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial que es por seis años de manera improrrogable.
“La CPE, también es muy clara al señalar que los actos de quienes ejercen jurisdicción, es decir, actos judiciales sin tener un mandato que nazca de la ley, son nulos. Estos magistrados terminaron sus funciones de manera improrrogable el 31 de diciembre”, agregó Rodríguez.
