Para los abogados constitucionalistas Carlos Goitia y William Herrera, la normativa que promulgó el martes el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, Ley 075 sobre el cese de las funciones de los magistrados ‘autoprorrogados’ es una norma que ‘nació muerta’.
De acuerdo con la explicación de los expertos, la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) donde se sancionó y aprobó la norma fue declarada nula por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), razón por la que ese documento no fue promulgado ni mucho menos puesto en vigencia por el Ejecutivo Nacional.
«En el caso de lo que promulgó Andrónico, la sesión en la que se sancionó y aprobó la normativa fue declarada nula y por tanto, también el producto. No tiene ningún valor», detalló Goitia.
Según el abogado, «en el plano del discurso político hay una confrontación, que ha hecho que apuesten por las decisiones del TCP. Mientras que en un escenario jurídico, los del TCP son personas con carácter interino, con decisiones cuestionadas pero no desatacadas».
De acuerdo con Goitia, hay otros medios y salidas legales para nombrar o reemplazar a los interinos del Órgano Judicial. «Lo que no puede haber son desatacamientos de las sentencias. No puedo descabezar un órgano de justicia. Los órganos de poder público tienen cabeza y no puedo crear vacío de poder», remarcó.
Por su parte, el constitucionalista William Herrera, indicó en EL DEBER Radio que Bolivia ingresó a un ‘carnaval jurídico’.
«Esta ley fue sancionada por las dos cámaras y solo faltó la promulgación, que no hizo el presidente, porque viajó. Pero en el interín sacaron un auto constitucional donde anulaban la sesión de la Asamblea Legislativa donde se aprobó la Ley», sostuvo Herrera, a tiempo de resaltar que «entonces, Andrónico Rodríguez promulgó una ley anulada por el TCP».
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Según el constitucionalista, «falta la publicación de la Ley, en caso de que sea correcta. La publicación en la gaceta oficial, para que tenga todos los efectos jurídicos. Que carece de validez, pero insisto estamos frente a un cuadro complicado. En un conflicto de poderes, entre el TCP (autoprorrogados) y la Asamblea Legislativa».
El profesional consideró «esta ley no va para adelante, por estos problemas de haber sido anulada con anterioridad. Sin embargo, el arcismo no se quedará con los brazos cruzados, habrá presión. Se está acabando el oxígeno para el evismo».