El 2024 llega con denuncias sobre la vulneración de Derechos Humanos. Políticos y especialistas creen que “la cooptación de la Justicia” por parte de intereses políticos y actores frenará la plena vigencia de libertades políticas.
El senador Rodrigo Paz de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) señaló que hay distorsiones de los valores democráticos. “Se vota, pero no hay estado de derecho”, dijo. “No importa el grupo social, sectorial, esto genera profundas grietas y la sensación de que el país es tierra de nadie”.
Su colega de ala ‘evista’ Patricia Arce ve que la situación de los derechos humanos en el país es “completamente vulnerable porque no hay justicia”. Recordó que desde 2019 se busca justicia por lo ocurrido antes y durante el gobierno de Jeanine Áñez.
“Venimos peregrinando en busca de justicia con aquellos actos cometidos y hasta el día de hoy no los tenemos”, dijo la legisladora, quien fue agredida durante en Vinto (Cochabamba) en la crisis de 2019.
La diputada de Creemos María René Álvarez apunta que “el camino de los presos políticos son los mecanismos de persecución y de acallar a todo aquel dirigente, líder, ciudadano que está en contra la ideología del MAS”. Lamentó que se agravara la situación de los detenidos políticos que ni siquiera tienen derecho a recibir atención médica. “Vimos un claro atropello a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, al cocalero César Apaza, sobre quienes se ejecutan torturas, alargando la detención preventiva que no termina nunca, sin sustento jurídico”, aseveró.
El senador ‘arcista’ Félix Ajpi dijo que, en el ámbito de los DDHH, “se ha trabajado medianamente, hay avances con el trabajo del nuevo Defensor del Pueblo”. Sin embargo, consideró que el Ejecutivo quedó al margen. “Es la justicia es la que determina la suerte de los detenidos, no el Gobierno”.
Los DDHH, para el abogado José Luis Santistevan empeorarán su situación considerablemente porque el órgano central que debe garantizarlo “está completamente cooptado por el Ejecutivo, y habrá serios problemas. El presidente Arce maneja el Poder Judicial, y a mayor cooptación, menos independencia. Así que políticamente deberá seguir actuando y para enfrentar a Evo Morales y sus enemigos usará jueces, fiscales”, expresó.
En materia de violación de DDHH, “se seguirá instrumentalizando la justicia para perseguir y encarcelar. Segundo, el uso de jurisdicción territorial en La Paz, Chonchocoro o San Pedro seguirá vigente, y la prórroga judicial tendrá que pagarse y como agradecimiento los perseguidos del Gobierno tendrán más procesos”.
El analista Gregorio Lanza advierte que peligrosamente, “el Gobierno de Luis Arce se acerca peligrosamente a superar los índices de desacato a los Derechos Humanos con relación al gobierno de Evo Morales”.