Cada año se registran en México alrededor de nueve mil embarazos de niñas y adolescentes, según datos recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo). Los índices de embarazos de menores, informaron las autoridades, están relacionados con las uniones tempranas, matrimonios infantiles forzados, violaciones y bajos niveles de escolaridad.
Sobre las uniones infantiles, la organización Girls not Brides elaboró un ranking en el que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial, con un millón 421 mil de dichas uniones, superado en la región solo por Brasil, en el quinto puesto, con dos millones 226 mil. Todo ello, a pesar de que en el país norteamericano los matrimonios infantiles están prohibidos.
Pero esta problemática es una realidad para las niñas y adolescentes de toda América Latina y el Caribe: una de cada cuatro mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años, mostró un estudio interinstitucional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2022. "El 22% de las niñas o adolescentes de la región contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años, y esa prevalencia no ha variado sustantivamente en los últimos 25 años", explica a DW Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal.
Además, alerta Güezmes, hay varios países de la región que muestran porcentajes de este tipo de uniones, incluso, de más del 30%, como Nicaragua (35%), Honduras (34%) o República Dominicana (32%). Y solo se encuentran cuatro países con porcentajes menores al 20%: Costa Rica (17%), Argentina (16%), Perú (14%) y Jamaica (8%). No obstante, advierte la experta, "la medición de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados tiene una serie de limitaciones y habitualmente está subregistrado".
¿Qué países de América Latina y el Caribe permiten el matrimonio infantil?
Por ese motivo, Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, prefiere hablar de "uniones infantiles o tempranas", para abarcar la problemática de forma más amplia: "Los matrimonios infantiles, en realidad, son un porcentaje pequeño de este complejo problema. Para nosotros es muy importante colocar el énfasis en las uniones infantiles o tempranas".
En la región, el matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana (ver gráfico). Los países que permiten el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, representantes legales o de un juez son Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Como "más preocupante", el informe de Cepal califica la situación de países donde está permitido casarse antes de los 16 años por "motivos justificados", como Colombia y Argentina. Por ejemplo, en Colombia las niñas pueden casarse a partir de los 14 años con autorización de sus padres o representantes legales, y en Argentina una menor de edad que no haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial.
La representante de la Cepal recuerda que los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas "constituyen una violación a los derechos humanos de los menores, son fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y políticas inadecuadas que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes". Asimismo, resume, "estas prácticas nocivas limitan fuertemente la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de mujeres y niñas, y les entorpece el camino hacia su pleno desarrollo".
Por su parte, el activista mexicano Pérez indica que todos los estudios coinciden en el patrón: "La evidencia nos muestra que una niña que vive en una unión temprana o un matrimonio infantil en menos de un año estará embarazada e inmediatamente tendrá otro hijo". Además, agrega, los hijos de estas menores también están predestinados a ello. Es decir, a la pobreza y la discriminación estructural.
Romper el "silencio estadístico", un reto para los gobiernos
Sin acciones e inversiones de los gobiernos, sostiene la Cepal en su informe, la región tendrá para el año 2030 el segundo índice más elevado de uniones infantiles, por detrás, únicamente, de África Subsahariana. Un reto bastante relevante para los Estados es enfrentar los vacíos de información.
"Los Estados deben actuar en diversas líneas para eliminar los matrimonios y uniones infantiles. Hay que romper el silencio estadístico para contar con evidencia para la formulación de políticas específicas", señala Güezmes. "Actuando desde la perspectiva de la igualdad de género, considerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con un enfoque interseccional que favorezca el desarrollo de políticas integrales que puedan hacerse cargo en el tiempo de la complejidad de este fenómeno" propone.
En México, por ejemplo, cuenta Pérez, cuando una menor embarazada llega a un hospital es atendida sin mayor complicación, cuando, en realidad, esto tendría que ser motivo de seguimiento. "Entonces, esa permisividad institucional demuestra también que el paradigma de los derechos humanos de niños y niñas, así como la lucha contra la desigualdad de las mujeres, no ha calado todavía en las instituciones de casi toda la región", lamenta.
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