Corre el plazo para que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) coordine con las Fuerzas Armadas y la Policía las acciones para dar cumplimiento a las medidas cautelares de desalojo e inmovilización de proyectos de explotación aurífera en el Río Tuichi (Madidi), instruidas por un juez agroambiental.
“Ya se ha notificado a todas las partes” demandantes y, “justo hoy (martes), se ha notificado también a los demandados. Así que desde mañana deberían empezar a correr los plazos establecidos en las medidas cautelares”, informó a EL DEBER el abogado ambientalista Rodrigo Herrera, quien representa al colectivo de activistas que presentó la solicitud.
El 5 de mayo, el juez Agroambiental de La Paz Edwin Díaz admitió la solicitud de medidas cautelares de desalojo e inmovilización "por un plazo de 30 días" contra la cooperativa aurífera “Virgen del Rosario”, representada por Ramiro Cuevas.
“En tanto no se acredite la legalidad de la actividad minera, se dispone la paralización de toda actividad aurífera en orillas del río Tuichi, concretamente en el distrito Machariapu Zona B, correspondiente al municipio de Apolo”, cita el fallo.
La solicitud fue presentada por activistas ambientales y se adhirieron a ella el Sernap y la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana.
El fallo ya fue notificado a las partes y ahora corresponde su implementación, proceso que no debe tomar más de 30 días. Para esta tarea, el Sernap deberá contar con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos deberán ingresar al área protegida para dar cumplimiento a la instrucción del tribunal.
Ya en marzo de este año, el Sernap había confirmado movimiento de maquinaria pesada para explotación del oro en el Río Tuichi, en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, así como la destrucción del medioambiente y la biodiversidad con desmontes de cobertura vegetal en la zona, producto de esa actividad minera.
Para la senadora Requena, este fallo, aunque “limitado y pequeño”, es un paso “muy importante” en la lucha desigual contra la minería ilegal.
“La lucha contra esta actividad ilegal ha sido tan carente de resultados que cualquier avance es épico, heroico, porque implica un enorme sacrificio y la superación de muchos miedos para enfrentarse a un creciente poder que no solo es social, si no económico”, afirmó.
Este poder tiene “conexiones estatales y a ratos se comporta como un poder estatal. En algunos casos, es un poder con economías ilegales, con prácticas autoritarias y antidemocráticas, y que ejerce violencia cuntra mujeres, niños y peones a los que explotan, violencia contra las poblaciones indígenas y el territorio al que saquean”, dijo Requena.
El proceso legal iniciado por los demandantes ha mostrado también hasta el momento otros resultados alentadores. Por ejemplo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), informó sobre las decisiones que tomó en contra la minería ilegal en el Madidi a través de dos comunicados emitido el 12 y 23 de mayo
La entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia detalló que "asumió acciones restrictivas definitivas que prohíben la reserva de áreas mineras, la otorgación de contratos administrativos mineros y el rechazo de las solicitudes que hubieran ingresado en gestiones anteriores" sobre esa área protegida.
Esta “es una señal muy importante, porque establece una línea clara de ilegalidad que no existía hasta ahora de la actividad minera en el Tuichi”, subrayó Requena.
Sin embargo, la AJAM aclaró también que identificó la existencia de “derechos mineros preconstituidos (…), los cuales están sujetos a un proceso de adecuación al nuevo régimen normativo, previo pronunciamiento de la autoridad ambiental competente, a través de la licencia ambiental y la emisión de certificado de contabilidad de uso emitido por el Sernap".
El fallo del tribunal agroambiental establece también que la Gobernación de La Paz debe remitir ante el juzgado la lista de actores productivos mineros que tengan contrato administrativo y cuentan con licencia ambiental; y define que el Centro de Investigación Minero Ambiental de la Universidad Autónoma Tomás frías realice un estudio de los niveles de contaminación por explotación minera en el Tuichi.
Sobre los siguientes pasos, Herrera adelantó que “el Sernap va a presentar esta semana otra solicitud de complementación, para que el juez amplíe la medida cautelar a seis meses”. Esa solicitud se justifica “en las últimas intervenciones que han realizado los mineros” la anterior semana, precisó.
Los demandantes, por su lado, presentarán de igual forma en los próximos días un recurso legal para que el Tribunal Agroambiental consolide el desalojo e inmovilización “por un periodo indefinido, para prohibir el ingreso de cualquier tipo de actividad minera al Madidi”
Según analistas, de avanzar las restricciones a la explotación de oro en el Madidi puede verse afectado el plan gubernamental para fortalecer las reservas internacionales netas con oro nacional.
Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, las cooperativas producen el 99,6% del oro de Bolivia, mineral que se extrae principalmente de La Paz (73,6%), Beni (21,2%) y Santa Cruz (3,3%).
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