Por tercera vez en este 2023, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará a Bolivia para socializar el primer informe de la Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe del GIEI (Meseg-Bolivia) sobre los hechos suscitados entre octubre y noviembre de 2019. Dicho reporte fue presentado en octubre.
El arribo del grupo se da cuando la crisis judicial en Bolivia está más latente con la suspensión de las elecciones de magistrados y también en medio de cuestionamientos sobre el trabajo de la misión que despertó dudas sobre su imparcialidad por la última visita ‘in loco’ de marzo de este año.
El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la llegada de la misión internacional. El grupo estará liderado por el relator de la CIDH para Bolivia, el comisionado mexicano, José Luis Caballero Ochoa, que es parte de la CIDH desde septiembre de este año.
“Estamos convencidos de que vamos a cumplir con esta trilogía de ‘memoria, verdad y justicia’. Esta es la primera visita de este comisionado y será muy importante que escuche a las víctimas de Sacaba y Senkata, y a otros sectores”, dijo Lima a la prensa.
Caballero reemplaza al también mexicano, Joel Hernández García, quien al final de su visita ‘in loco’ con la CIDH, el 27 de marzo de este año, participó de un acto de “desagravio” que organizó el Gobierno a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fueron sindicados por el presunto “fraude electoral” de 2019, hecho que desató la crisis política y social de aquella época.
Y fue, precisamente, la postura de Hernández García que desató una ola de críticas en el país y generó dudas y menguó la credibilidad e imparcialidad de la CIDH. En ese escenario llega esta misión internacional.
Cuestionamientos
Las críticas sobre la visita tienen que ver el trabajo de la CIDH. Hasta el momento no se tomó en cuenta la “persecución” del sistema judicial que sufren algunas víctimas de esa época. “No creemos que vengan con un buen informe, no nos están invitando a todas las víctimas de 2019, que no sean de Senkata y Sacaba, sigue esa adhesión a trabajar solo con el Gobierno. Al resto de las víctimas y a las organizaciones que velamos por sus derechos nos han excluido. Esto se agrava por el último antecedente: Joel Hernández participó de un acto que reconoció a los exvocales autores del fraude”, dijo a EL DEBER el presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales.
El activista agregó que más allá de las víctimas de Senkata y Sacaba que usa el Gobierno como bandera, el informe del GIEI tiene una serie de recomendaciones que no se han cumplido, como por ejemplo, llevar a casos de corte a exautoridades por los hechos de 2019 y no juicios ordinarios.
“Parecería que la CIDH sigue con ese sesgo ideológico de ser benévola con el gobierno del MAS y no considera que en estos tres años del gobierno de Arce se siguen violando los derechos humanos”, agregó Morales.
Para el activista y diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, el trabajo de la misión de la CIDH en Bolivia no ha dado resultados “productivos”, y concretos y se deja direccionar por el Gobierno, que solo pone como emblema a Sacaba y Sentaka y deja de lado “las quemas de los buses PumaKatari en La Paz, la emboscaba en Vila Vila (Potosí), la muerte de activistas en Montero”, que no han sido adecuadamente investigados.
“En algún momento se han pronunciado diciendo que la justicia no es imparcial y que está sometida al Gobierno, pero no hay nada productivo hasta ahora. Lo importante sería que la CIDH declare a nivel internacional que estamos ante una tiranía ejercida por Luis Arce con más de 200 presos políticos, que se declare siguiendo el fallo de la OEA que en Bolivia hubo un fraude monumental y que se declare a Evo Morales como un delincuente de la democracia porque vulneró el 21F y han sucedido todos los hechos de 2019”, dijo Astorga a EL DEBER.
Además, el activista defensor de los derechos humanos, Franco Albarracín, hijo de Waldo Albarracín, víctima de 2019 porque una turba quemó su casa la noche del 10 de noviembre, dijo que el mecanismo de seguimiento de la CIDH ha estado en permanente contacto con su familia que brindó datos sobre los hechos de esa época, accionar que se refleja en el informe que se socializará desde este martes en Bolivia.
“En el informe la CIDH expresa preocupación sobre las denuncias falsas presentadas en contra de Waldo Albarracín, haciendo referencia a que se ha usado el derecho penal por razones de persecución política. Esto se plasma en el informe”, dijo Albarracín a EL DEBER.
La observación que tiene contra el trabajo de la CIDH es también la exclusión a otras víctimas de 2019. “Es un error no reunirse con las otras víctimas de los conflictos de 2019 como por ejemplo las víctimas de Vila Vila, Montero, la zona sur de La Paz, que también han sufrido graves consecuencias. Existe una revictimización por ejemplo con los dirigentes cívicos de Potosí que son perseguidos por el Gobierno”.
El trabajo
La misión de la CIDH liderada por el comisionado relator de país, José Luis Caballero Ochoa, junto con la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero y equipo técnico permanecerá tres días en Bolivia, hasta el 14 de diciembre y se reunirá con funcionarios del Órgano Ejecutivo, organismos internacionales, víctimas y sociedad civil, “con el objetivo de presentar el primer informe de la Meseg y socializar sus hallazgos respecto de los avances, retos y desafíos en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia”,
Según el plan de trabajo de la misión debe realizar al menos tres visitas anuales de “trabajo en terreno” para acompañar los avances de la implementación de las recomendaciones realizadas por el GIEI. La primera visita de este 2023 fue el 23 de enero, la segunda fue el 27 de marzo cuando realizó una visita in loco y la tercera será a partir de hoy.
Además de las reuniones anunciadas por el ministro Lima, los legisladores de la oposición CC y Creemos enviaron cartas solicitando audiencias con la misión de la CIDH. Esperan ser escuchados. También se tiene previsto un encuentro con activistas defensores de derechos humanos del país.
