El ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que el pedido formulado por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que la Fiscalía llame a declarar a los obispos católicos en el contexto de una investigación de la crisis política de 2019 corresponde a un “caso cerrado”.
“La Fiscalía ya ha rechazado el pedido realizado por el Procurador General del Estado y ese es un tema cerrado para el Gobierno del presidente Luis Arce. No vemos que haya, en este momento, una situación que merezca mayor debate o repercusión pública”, afirmó el ministro.
El MAS y el Gobierno activaron dos casos judiciales por delitos de terrorismo e incumplimiento de deberes para sancionar a las autoridades que tuvieron que ver con la salida de Evo Morales del poder tras las elecciones de 2019.
“Tenemos dos casos, Golpe I y Golpe II. En el caso Golpe II, que tiene que ver con estos hechos, hay una sentencia; hay una determinación de la Justicia que ha sido apelada”, precisó Lima en una entrevista con el canal de televisión Abya Yala.
Recordó que el caso cerrado tiene que ver con la “autoproclamación” presidencial de Jeanine Áñez cuando aún era senadora. De hecho, tras este proceso, la justicia despojó a la mandataria transitoria de toda la evidencia de su mandato, según señalan sus abogados de la defensa.
Para Lima, este caso está relacionado con las reuniones previas a esa investidura que promovieron los obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), pero el pedido de Chávez a la Fiscalía señala la pesquisa de “terrorismo” que corresponde al caso Golpe I.
“Esto ya tiene una sentencia y, por lo tanto, no tiene ningún sentido de que se convoque a ningún testigo por esos hechos”, remarcó Lima, quien fue parte de los asesores de la CEB y, recientemente reveló que no figura entre los militantes del MAS.
“Entiendo que hay una serie de impresiones que puedan darse. Respeto el trabajo del Procurador y quienes están a cargo de la posición del Estado, pero son dos casos diferentes”, insistió el ministro al referirse al petitorio de Chávez, quien fue abogado de Evo Morales.
Esta semana, el procurador Chávez ratificó la intención de que los obispos declaren, pero por el caso denominado ‘Golpe I’. “Vamos a volver a presentar el memorial insistiendo en que declaren estas personas, porque es lo correcto, antes de que se cierre esta investigación no podemos dejar en el limbo o en la oscuridad, como quieren algunos, las muertes que ha habido en los hechos del 2019 tienen que cerrarse y la mejor forma es ir a testificar”, agregó.
En la lista están monseñor Ricardo Centellas Guzmán, quien era Vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue Secretario General episcopal; monseñor Giovani Édgar Arana, obispo auxiliar de El Alto en 2019, y el padre José Fuentes Cano, quien fue Secretario General Adjunto de la CEB.
Pero, el contexto de estos dos procesos tiene que ver con los sucesos que se dieron tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia después de la denuncia de irregularidades en las elecciones que hizo la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019.
Luego de la salida de Morales del país, sus seguidores tomaron las calles para protestar. En La Paz y El Alto hubo violentas manifestaciones que terminaron con decenas de comisarías policiales incendiadas.
Antes de la dimisión, la Policía se amotinó y el comandante de las FFAA, William Kaliman, sugirió la renuncia de Evo, pero también lo hizo el secretario de la COB, Juan Carlos Guarachi.
El representante de la víctimas de Senkata, David Inca, aclaró que ninguno de los casos, especialmente “Golpe I”, que derivó en la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está relacionado con las muertes civiles.
En la crisis de 2019 murieron 32 personas, 11 de ellas en Senkata. Sucedió cuando Jeanine Áñez había asumido el poder. El Gobierno desconoció su mandato y ahora se prepara un juicio ordinario contra la exautoridad. El decreto 4078 que autorizó a los militares reprimir a los manifestantes es la principal prueba de este caso.
Evo Morales aún no fue citado por la Fiscalía a declarar sobre estos sucesos y el procurador Chávez dijo que no sería “apropiado” porque su autoridad, dijo, está concentrada en esclarecer el alcance de las reuniones que tuvieron lugar en la Universidad Católica antes que Áñez tome el poder en noviembre de 2019.
“Todo lo que tiene que ver con los sucesos de la Universidad Católica y que es anterior a que ella se autoproclame como presidenta del país ya tiene una sentencia y, por lo tanto, no tiene ningún sentido de que se convoque a ningún testigo por esos hechos”, aclaró Lima.
Los puntos de vista divergentes entre Lima y Chávez se dan en un momento de fuertes tensiones al interior del MAS.
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