El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, desahució la intención del Senado que formó una comisión para preparar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que decidieron autoprorrogarse en sus mandatos hasta que se convoque a elecciones judiciales.
“Nuestra posición oficial es exhortar a toda la institucionalidad pública que se haga la preselección por dos tercios de votos, lejos de pensar en hacerles juicios o procesos que no tienen futuro, lo digo con total precisión. ¿cómo podrías siendo el Senado, hacerles juicio a los magistrados siendo que, de acuerdo a nuestra Constitución, el Senado es el juez. Estamos en un extraño caso de que quieren ser juez y parte”, dijo la autoridad este sábado.
El 12 de diciembre, faltando 19 días para la finalización de su mandato los magistrados del TCP emitieron una resolución que dispone “la continuidad o prórroga” de todas las autoridades electas del Órgano Judicial mientras el Legislativo no convoque a elecciones.
La oposición y ‘evistas’ calificaron como un “golpe judicial”, anunciaron procesos penales y juicios de responsabilidades y que activarán una serie de mecanismos para impedir que los tribunos continúen en sus cargos.
Un día después, el Senado conformó una comisión técnica jurídica para analizar el juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP, informada el presidente de esa instancia, Andrónico Rodríguez. El legislador subrayó que todos los senadores están de acuerdo en impulsar ese proceso contra los tribunos.
Lima no comparte la idea y apunta al senador ‘evista’ William Torres que, junto a sus colegas, es de la idea de impulsar un caso de corte contra los magistrados.
“El senador William Torres, si quiere presentar un juicio, y lo ha anunciado públicamente, cuando él tenga que juzgar en la sentencia del caso habrá entrado en un gran conflicto de intereses. Pareciera que quiere levarse las manos (…) Ni un juicio es solución para el pueblo boliviano, ni vulnerar la Constitución”, dijo Lima e insistió en que la única solución a este tema es que la Asamblea Legislativa elabore una ley de convocatoria para preseleccionar a los postulantes por dos tercios.