El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, contradijo al procurador Wilfredo Chávez y aseguró que no corresponde citar a declarar a los obispos por los hechos ocurridos en 2019. En respuesta, el ala ‘arcista’ solicite un proceso en contra de Evo Morales por su renuncia a la Presidencia y posterior salida del país por el fraude electoral detectado por expertos de la OEA en 2019.
La división dentro del MAS se siente, incluso, en las entrañas del Poder Ejecutivo, y se hace más evidente con este desencuentro entre el ministro y el procurador. De hecho, fuentes internas señalaron que la rivalidad entre Lima y Chávez no es reciente, pero se profundizó porque el titular de Justicia es ‘arcista’ y el procurador fue abogado personal de Evo Morales.
El conflicto va más allá, y toca el ámbito familiar. Por un lado, el del presidente del Estado y por otro, el del jefe del MAS. Luego de que el diputado ‘evista’ Héctor Arce denunciara que Luis Marcelo, hijo mayor del presidente Arce realiza supuestos negociados con empresas internacionales dedicadas a la explotación del litio, su colega Rolando Cuéllar anunció que se investigará a los hijos de Evo Morales. De hecho, Evaliz, la mayor, trabaja en la Procuraduría con Wilfredo Chávez (ver nota adjunta).
El ministro Lima aseguró que “la Fiscalía ha rechazado el pedido realizado por el procurador General del Estado y ese es un tema cerrado para el Gobierno del presidente Luis Arce. No vemos que haya, en este momento, una situación que merezca mayor debate o repercusión pública”, dijo.
El Gobierno y el MAS activaron dos casos judiciales por delitos de terrorismo e incumplimiento de deberes para sancionar a las autoridades que asumieron el poder tras la renuncia de Evo, en 2019.
“Tenemos dos casos, Golpe I y Golpe II. En el caso Golpe II, que tiene que ver con estos hechos, hay una sentencia; hay una determinación de la Justicia que ha sido apelada”, precisó Lima en una entrevista con el canal de televisión Abya Yala.
Recordó que el caso cerrado tiene que ver con la “autoproclamación” presidencial de Jeanine Áñez cuando aún era senadora. De hecho, tras este proceso, la justicia despojó a la mandataria transitoria de toda la evidencia de su mandato, según señalan sus abogados de la defensa.
Para Lima, este caso está relacionado con las reuniones previas a esa investidura que promovieron los obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), pero el pedido de Chávez a la Fiscalía señala la pesquisa de “terrorismo” que corresponde al caso Golpe I.
“Esto ya tiene una sentencia y, por lo tanto, no tiene ningún sentido de que se convoque a ningún testigo por esos hechos”, remarcó Lima, quien fue parte de los asesores de la CEB y, recientemente reveló que no figura entre los militantes del MAS.
“Entiendo que hay una serie de impresiones que puedan darse. Respeto el trabajo del procurador y quienes están a cargo de la posición del Estado, pero son dos casos diferentes”, insistió el ministro al referirse al petitorio de Chávez, quien fue defensor de Evo Morales.
Esta semana, Chávez ratificó la intención de que los obispos declaren, pero por el caso denominado ‘Golpe I’. “Vamos a volver a presentar el memorial insistiendo en que declaren estas personas, porque es lo correcto, antes de que se cierre esta investigación no podemos dejar en el limbo o en la oscuridad, como quieren algunos, las muertes que ha habido en los hechos del 2019 tienen que cerrarse y la mejor forma es ir a testificar”, agregó.
En la lista están monseñor Ricardo Centellas Guzmán, quien era Vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue Secretario General episcopal; monseñor Giovani Édgar Arana, obispo auxiliar de El Alto en 2019, y el padre José Fuentes Cano, quien fue Secretario General Adjunto de la CEB.
Sin embargo, el representante de las víctimas de Senkata, David Inca, aseguró que ninguno de los casos, especialmente “Golpe I”, que derivó en la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está relacionado con las muertes de civiles.
En la crisis de 2019 murieron 32 personas, 11 de ellas en Senkata. Sucedió cuando Jeanine Áñez había asumido el poder. El Gobierno desconoció su mandato y ahora se prepara un juicio ordinario contra la exautoridad. El decreto 4078 que autorizó a los militares reprimir a los manifestantes es la principal prueba de este caso.
Proceso
Evo Morales aún no fue citado por la Fiscalía a declarar sobre estos sucesos y el procurador Chávez dijo que no sería “apropiado”. Pero, ya lo sugieren dentro el MAS.
El primero en lanzar la piedra fue el senador Félix Ajpi, quien dijo que “Evo Morales tiene que declarar, como testigo o como investigado, y debe explicar por qué renunció”.
El diputado Rolando Cuéllar considera que "hay que citar a Morales, a los ex ministros, a Tuto Quiroga, a Carlos Mesa y a todos porque todos han sido involucrados”. Que Morales tiene que decirle al pueblo boliviano lo que pasó exactamente el año 2019 para que renuncie a la Presidencia, si fue bajo presión y decir los nombres de las personas que lo obligaron. “No se sabe por qué renunció, tiene que decir los nombres, los que lo presionaron a renunciar, tienen que declarar todos”, sostuvo.
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