El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, calificó de «ridícula» la acción popular interpuesta por el Defensor del Pueblo contra su persona y sus homólogos de Santa Cruz y Pando. Asimismo, remarcó que la institución responsable de sancionar y fiscalizar las quemas es la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
«Primero debe informarse (el Defensor del Pueblo), la ABT es quien da los permisos de desmonte. Nosotros como Gobernación no tenemos tuición ni nos consultan», disparó el gobernador beniano.
Calificó de «ridícula esa acción popular contra quienes estamos trabajando a fuego y sangre en las diferentes comunidades. Mire las noticias señor defensor, fuimos los primeros en declararnos en desastre. Usted que no ve ni prevé las cosas. Desde el año pasado venimos pidiendo una pausa ambiental».
Para Unzueta, demandar a tres autoridades departamentales que están luchando contra el fuego no tiene lógica, «porque no denuncian a quienes están causando biocidio y ecocidio. Acabamos de incautar 4 tractores con árboles talados, a ésos debería denunciar Defensor del Pueblo».
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, interpuso el miércoles ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular en contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer; de Salud y Deportes, María Renée Castro; y de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. Asimismo están en la denuncia los gobernadores Mario Aguilera (Santa Cruz); José Alejandro Unzueta (Beni) y Regis Germán Richter (Pando).
Inclusive se cita a doce alcaldes municipales, estos son los de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.
Según la denuncia, las autoridades «no atendieron oportunamente” los incendios forestales que golpean al oriente boliviano.