“Nuestra laguna está en terapia”, dijo Guillermo Flores, asesor técnico de Puerto Suárez, durante el segundo Seminario Internacional Laguna Cáceres, Hidrovía Paraguay – Paraná y Régimen Hídrico Regional, organizado por la Alcaldía de ese municipio, el Cedib y Probioma.
Es la segunda vez, en seis meses, que la laguna Cáceres es tema de análisis de actores de Brasil, y de los niveles nacional, departamental y municipal del lado boliviano.
A pesar de que en agosto de 2021 de declaró desastre ambiental por sequía de la laguna Cáceres, y de que en 2022 la Cámara de Diputados recomendó a la Gobernación de Santa Cruz, una auditoría ambiental, esta no se ha realizado hasta el momento.
La emergencia por lo menos sirvió para la creación de un área protegida municipal (APM), Motacusito, en julio de este año, con el objetivo de conservación de acuíferos. Motacusito sería la primera APM a nivel provincia Germán Busch, declarada como tal por medio de la Ley Autonómica Municipal 252/2023.
Según Flores, hay una serie de factores que contribuyen a la sequía de la laguna, como el crecimiento urbano de Puerto Suárez, la presión de la frontera agrícola al oeste de Puerto Suárez, las estancias y los asentamientos sin responsabilidad, “con el desmonte que acarrea una serie de sedimentos y material orgánico con impacto ambiental”.
La laguna Cáceres es uno de varios ejemplos de cómo las aguas superficiales están sufriendo una disminución dramática en sus extensiones de agua dulce.
La problemática, en su conjunto, ya la dio a conocer la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y la iniciativa MapBiomas, con el lanzamiento de su plataforma MapBiomas Agua.
Según este sitio, entre 1985 y 2022, Bolivia ya perdió 39% de sus aguas superficiales; Santa Cruz, el 65% de esas aguas.
Los estragos del fuego
Mónica Guzmán, hidrogeóloga de la Universidad Católica Boliviana (UCB), en el seminario realizado en Puerto Suárez, explicó de qué modo los incendios forestales empeoran la crisis.
“Sabemos que el fuego consume la vegetación, que es la que intercepta la lluvia; asimismo, la ceniza evita la infiltración. De este modo, hay menos humedad en el suelo y las hojas se vuelven combustible. Son efectos simples, pero interconectados. Los incendios producen escasez de agua más severa, que a su vez propicia más incendios forestales”, detalló la experta.
Esta crisis ya la está viviendo San José de Uchupiamonas, en el norte de La Paz, que desde hace 60 días sufre por los incendios.
Según Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), la laguna de la que se aprovisionan con agua está seca, lo que encima les dificulta luchar contra los incendios que se han incrementado.
En agosto de este año, los habitantes de Chicaloma, en Irupana, La Paz, sufrieron cortes de agua porque el fuego llegó a uno de los tres ojos de agua que suministran ese elemento vital al pueblo. Similar situación se vio, estos días, en Yucumo, Beni, y en San Buenaventura, los pobladores estaban alertados porque el fuego amenazaba la toma de agua.
Incluso el comandante del C-CREA, coronel Édgar Ampuero, admitió que vio cómo las familias afectadas por los incendios perdieron su producción. “El fuego arrasó con todo y amenaza a su ganado, a sus fuentes de agua. Es algo que nos conmueve y sensibiliza, por esa razón desplegamos todo lo que esté a disposición de las Fuerzas Armadas para revertir la situación lo más rápido posible”, explicó.
Asentamientos
Otro serio problema tiene que ver con las solicitudes y también con la entrega de tierras en sitios no permitidos. Uno de estos casos involucra a más de 80 familias de la comunidad Yaguareté, que pidieron tierras al INRA en Puerto Suárez. Esa solicitud que les fue autorizada según resolución 099/2014, sin embargo, el informe técnico de cumplimiento de la función social (FS), de octubre de 2022, al que accedió EL DEBER, claramente deja constancia de una contraindicación de la ABT, ante solicitud de planes de desmonte PDM20.
“Se hace conocer que la comunidad campesina, en su totalidad, se encuentra sobrepuesta al sitio Ramsar SR-6”, señala.
Adicionalmente, el informe de cumplimiento de la FS indica que “se evidenció que, del total de 83 familias autorizadas, (solo) tres cuentan con trabajos y/o mejoras comunales (…) y se identificaron 13 familias beneficiarias nuevas”.
El investigador Damián Vaca, de la Red Biodiversidad, recordó que un sitio Ramsar es un humedal designado de importancia internacional bajo el Convenio Ramsar, al que Bolivia se suscribió en junio de 1990, y que fue homologado mediante ley N° 2357, del 7 de mayo 2022.
Vaca además denunció que en La Guardia, la Alcaldía ha construido un matadero que está en funcionamiento, a pesar de varias observaciones en los procesos de aprobación de licencias e informes de monitoreos ambientales, y que aun así, se está planificando un segundo matadero.
“Esto se hace sobre las quebradas y ríos que llevan el agua desde Naranjillo y aportan al Parque Lomas de Arenas desde el sector oeste, donde se está extendiendo la mancha urbana de La Guardia. Es un nuevo frente de posible contaminación”, denunció respecto a estas irregularidades.
CIFRAS
3,5
MILLONES DE HA QUEMADAS
Es la cifra nacional según el reporte de la ABT hasta el 17 de noviembre. La lluvia es el fenómeno más esperado para aplacar el embate de las llamas.
39%
DE REDUCCIÓN DE AGUAS
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