El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tildó este miércoles de "forzada e ilegal" las decisiones judiciales que favorecieron a la expresidenta Jeanine Áñez por los casos de Senkata (El Alto) y de Sacaba (Cochabamba), que ocurrieron en la crisis de 2019.
En una conferencia de prensa, Lanchipa dijo que la fase de investigación permitió colectar pruebas suficientes para "confirmar que la ciudadana Jeanine Áñez ejerció el control y mantuvo contacto con el alto mando militar y policial, no solamente en el momento en que se desarrollaban las violentas operaciones conjuntas, sino también antes, durante y después, asumiendo así el pleno control de la ejecución de las mismas".
El Ministerio Público presentó en octubre la acusación formal por supuesto genocidio en contra de la expresidenta Áñez, varios de sus excolaboradores, además, de exjefes militares y policiales, por las muertes de Sacaba y Senkata, y pidió 30 años de cárcel.
Sin embargo, tribunales de El Alto y Sacaba, respectivamente, se declararon incompetentes para juzgar a la expresidenta Áñez mediante un proceso ordinario.
Lanchipa señaló que, "con bastante sorpresa", tomó conocimiento de que esos dos tribunales de sentencia, "de oficio y en completa inobservancia, no solo de las reglas procesales que rigen el ordenamiento jurídico penal, sino de los propios antecedentes que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional", hayan declarado la incompetencia de la jurisdicción ordinaria para el enjuiciamiento de estos casos.
En criterio del Fiscal General, esos tribunales, con sus decisiones, pretenden "desconocer que dicha cuestión competencial ya fue planteada, discutida y resuelta con anterioridad ante los juzgados de instrucción penal a cargo del control de garantías del proceso y quienes, a través de una resolución judicial, dispusieron que la ciudadana Áñez debe ser procesada en la jurisdicción ordinaria, no correspondiéndole un juicio de privilegio constitucional".
Además, remarcó que esta decisión fue ratificada por las salas penales de los tribunales departamentales de La Paz y Cochabamba. Es decir, según su versión, el análisis sobre la competencia jurisdiccional para el conocimiento y procesamiento de este caso, ha recorrido todo el sistema de impugnación judicial "adquiriendo, de esta manera, la calidad de cosa juzgada material".
"Por tanto, (…) se concluye que la decisión asumida por esos dos tribunales, apartándose de los antecedentes (…) que ya han resuelto con anteriodad esta cuestión, se encuentran al margen de los principios procesales de legalidad, transparencia y el debido proceso", sostuvo.
"¿Justicia o impunidad?, ¿qué es lo que se pretenden con estas decisiones?, ¿que el caso retroceda a foja cero?, ¿que todo el trabajo investigativo sea desechado?, ¿que las víctimas tengan que peregrinar nuevamente por justicia?", cuestionó.
Apelaciones
El Fiscal General agregó que el Ministerio Público "manifiesta su censura a cualquier forma ilegal que busca la paralización o demora de un proceso de investigación".
"Por ello, las comisiones de fiscales asignados a estos casos, han activado los recursos de apelación correspondiente para que las salas penales de los tribunales departamentales de Justicia de La Paz y Cochabamba , advertidas de esta arbitrariedad por parte de los tribunales de sentencia, dejen sin efecto la forzada e ilegal decisión asumida y en consecuencia se dé inicio al juicio oral", señaló.
Asimismo, Lanchipa anunció que la Fiscalía analizará y tomará las acciones legales correspondientes "para que la emisión de toda resolución manifiestamente contraria a la Constitución y las leyes sea objeto de investigación y se definan responsabilidades, más aún cuando dichas determinaciones, de forma arbitraria e ilegal, pretenden dejar en la impunidad graves violaciones de derechos humanos".
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