La oficina de Migración española analiza caso por caso, la situación de los 69 ciudadanos bolivianos, entre ellos 14 menores de edad, que fueron retenidos en el crucero MSC Armonía, que zarpó desde Brasil, y que ahora están como ilegales en territorio español.
Mientras, ellos fueron trasladados a un barco que funciona como hotel flotante. En ese lugar, permanecerán hasta que España defina su estatus, informó a EL DEBER Radio este viernes, el cónsul general de Bolivia en España, Martín Bazurco Osorio.
Entre el jueves 4 y este viernes 5 de abril, las autoridades de Migración de España realizan las entrevistas a los ciudadanos considerados ilegales y se espera que esta jornada termine esa revisión.
“Si bien es cierto que tenemos la información de que estos pasajeros no tienen la documentación necesaria para entrar a territorio español, también es cierto que en estos procesos migratorios se tiene que analizar caso por caso porque cada familia tiene condiciones diferentes, algunas familias vienen con menores de edad, o algunas personas tienen parientes aquí (en España). Hay situaciones diversas”, indicó el funcionario diplomático.
Bazurco, explicó que de los 69 bolivianos, entre ellos 14 menores de edad, todavía no se conoce la cantidad de bolivianos que podrán retornar a territorio nacional, pero aseguró que la empresa naviera que los trasladó se comprometió a garantizar su retorno por vía aérea.
“Mientras están aquí se está garantizando que tengan las mejores condiciones posibles en alojamiento, alimentación, acceso a salud y obviamente también acceso a asesoría jurídica en medio de este mal rato que está pasando”, agregó Bazurco.
Agregó que los gastos de hospedaje y alimentación corren por cuenta de la empresa naviera que los trasladó desde Brasil.
“No hay implicación penal”
El diplomático boliviano subrayó que en este proceso de análisis de la situación de cada boliviano detenido, España está viendo la situación administrativa de las personas y no así la situación penal que implicaría procesos en ese país.
“Lo que aquí se está resolviendo en esta etapa es una situación administrativa. No hay una implicación penal. Es una situación administrativa que va a determinar si pueden o no ingresar al Estado español”, precisó el diplomático Bazurco.
Posterior a esta fase, España y Bolivia pueden iniciar una investigación para identificar el origen de la dotación de visas falsas y si existe una red criminal internacional.
El funcionario hizo énfasis al señalar que salvo que se establezca una figura distinta más adelante en la investigación, “son personas a las que se les ha engañado (en especial) a los que son portadores de visas falsas, todavía no tenemos informe si son la totalidad o no. Esas personas han sido engañadas”.
