El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que el presidente Luis Arce no tiene competencia para derogar, abrogar o dejar sin efecto una ley.
La postura es firme, si el Gobierno no deroga la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la cual dispone el decomiso de productos a quienes incurran en agio y especulación, varios sectores productivos del país acatarán a un paro movilizado nacional de 24 horas el próximo 10 de febrero.
“En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento, de la cadena productiva realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el día 10 de febrero”, señala el punto cuarto del documento denominado “Determinaciones por la seguridad jurídica del abastecimiento de productos a la población”, emitido al cierre del tercer Encuentro Multisectorial realizado ayer en la ciudad de Sucre.
Representantes de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara Boliviana de Transporte y Cámara Nacional de Industria (CNI), entre algunos, participaron del evento. También estuvieron presentes cívicos de Potosí y Chuquisaca.
Pero, ¿Qué establece la disposición adicional séptima de la mencionada ley? Esta faculta a las entidades competentes a “activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, detalló que el sector también concluyó “exigir” al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca “poner sus buenos oficios” para derogar la disposición. Con miras a lograr este cometido, en los próximos días presentarán una propuesta de ley.
NO IRÁN A REUNIÓN
El Encuentro Multisectorial determinó no asistir a “ninguna” reunión convocada por el Gobierno para abordar el tratamiento de su reglamentación.
Esto, tras que la administración de Luis Arce volvió a convocar a los sectores a una reunión para tratar la disposición séptima en debate, luego de lamentar que los empresarios no asistieron a dos citas previas fijadas para el 20 y 28 de enero.
“Ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado, ni las que son parte de la cadena de abastecimiento asistirán a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición”, reza el punto quinto del docuemnto multisectorial.
A la conclusión del encuentro, los sectores pidieron al Gobierno “dejarlos trabajar”. Finalmente, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, dejó en claro que los empresarios “no especulan, no hacen agio, no conspiran y no hacen política”.
POSTURA DEL GOBIERNO
En días pasados el ministro de Justicia, César Siles, catalogó la postura de lo sectores como “más política que técnica”. “Lo único que pretende el Gobierno nacional es asegurar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales para la población y la forma de hacerlo está dispuesto en normas anteriores a la Ley Financial”, aseveró el titular de Justicia.
Por su parte, en contacto con La Razón Radio, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, explicó que el presidente Luis Arce no tiene competencia para derogar, abrogar o dejar sin efecto una ley. Empero, existen recursos constitucionales que pueden ser analizados.
En esta línea, se conoce que el Gobierno trabaja en una “propuesta aclarativa” que consiste en un decreto supremo el cual excluya al sector gremial y al comerciantado minorista de esta disposición. Empero, hasta el momento nada fue oficializado desde la administración de Luis Arce.