En promedio, un juez que atiende casos vinculados a la Ley 348 resuelve 736 procesos en un año, es decir, dos procesos al día. Solo los departamentos de Beni, Oruro y Pando tienen jueces acordes a parámetros internacionales. Además, el 43,08% de casos de feminicidio en 2023 terminó en una sentencia, ya sea condenatoria o ejecutoriada.
La Defensoría del Pueblo, junto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado, desarrolló el segundo informe del Observatorio Defensorial Judicial (ODJ) sobre la situación de procesos judiciales en casos de feminicidio, tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio y violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes.
Según este documento se desarrolló verificativos del cumplimiento de las condenas de personas privadas de libertad en los mencionados delitos; se desarrollaron visitas a oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); se activaron 2.586 procesos identificados, de los cuales, 332 son procesos por feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, 51 por infanticidio e infanticidio en grado de tentativa, 1.736 procesos por violación de menores edad y 467 declaratorias de rebeldía.
A nivel nacional, según los datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, existen 615 privados de libertad por el delito de feminicidio, de los cuales 265 tendrían sentencia –condenatoria o ejecutoriada–, lo que representa cerca de un 43.08% del total de casos registrados.
Según las visitas que desarrolló la institución defensorial, se evidenció la presencia de 25 nuevas personas privadas de libertad, haciendo un total de 290 reos, de los cuales 13 requieren un análisis pormenorizado, informó la Defensoría del Pueblo.
Defensor del pueblo
“Queremos alcanzar ese objetivo inicial que apunta a transparentar y lograr información que sea de fácil acceso para la población en relación a delitos de feminicidio tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio y violencia sexual”, destacó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
Según el Consejo de la Magistratura, 285 juzgados –148 de instrucción y 137 de sentencia– son los encargados a nivel nacional de dirimir y dar solución a procesos penales vinculados con delitos en el marco de la Ley 348, registrando y atendiendo en la gestión 2022 un total de 109.016 procesos, de los cuales 76.062 eran inicios de investigación y 32.954 procesos con imputación.
Estas cifras son de “preocupación extrema” para la Defensoría del Pueblo, ya que un juez estaría a cargo de resolver 736 procesos anualmente, únicamente tomando en cuenta los procesos con inicio de investigación y los que tienen imputación.
Con las conclusiones de estas estadísticas, únicamente los departamentos de Beni (286), Oruro (307) y Pando (250) tendrían una cantidad de procesos “manejable” conforme los parámetros internacionales, que establecen que: “los jueces no superen una carga procesal que esté por encima de los 500 a 700 casos por año”.