Aquel 28 de octubre de 2021, periodistas, policías y obreros civiles fueron atacados en Las Londras por un grupo de encapuchados armados que habían tomado ilegalmente un predio .
Según las diligencias del expediente 71510216210022, elaborado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, policías, periodistas y trabajadores, fueron víctimas de secuestro, torturas y ultrajes humillantes.
Las investigaciones, contenidas en ese expediente, registran a Nicolás Ramírez Taboada como “uno de los más violentos”. Tras las pericias y testimonios se estableció que este ciudadano aparece apuntando con un arma de fuego a la comitiva. Esa toma fue captada por el periodista Percy Suárez, pese a haber sido sometido a golpes y esquivar a disparos de arma de fuego que impactaron en la cámara que sostenía sobre su hombro.
El testimonio de policías señala que ese día llegó al lugar un contingente de la Policía al mando del coronel Rolando Torrico Senzano. Ramírez Taboada fue identificado como un encapuchado armado que salió del monte junto al grupo.
Fue quien, de forma violenta, obligó a tenderse al suelo al coronel Rolando Torrico, entonces comandante de la Policía de la Chiquitanía, le apuntó en la cabeza y le pisó el cuello con sus botas. Además, lo pateó en el suelo, al igual que a otros uniformados, periodistas y trabajadores agrícolas.
Según las pesquisas de la Felcc y la Fiscalía, Nicolás Ramírez junto a Paulino Camacho, Evert Sixto Canaza, Nelson Rivadeneira, Dulfredo Dos Santos, de la comunidad 24 de Septiembre, fueron clasificados como los cabecillas del grupo armado de ese lugar.
Los únicos que fueron detenidos solo dos meses fueron Evert Sixto Canaza y Paulino Camacho, pero el juez de Guarayos Roberto Cruz Hurtado los dejó en libertad pese a existir riesgo de fuga, obstaculización y ser considerado un peligro para la sociedad.
Nicolás Ramírez Taboada, nunca fue detenido. Jamás se presentó a las citaciones y fue declarado rebelde por el juez que emitió orden de apremio. Sin embargo, la abogada de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, lamentó que Nicolás Ramírez, cumplió la rebeldía en la clandestinidad.
Solo enviaba memoriales a través de sus abogados asegurando que estaba enfermo. Se registra que solo una vez asistió a audiencia virtual y lo hizo tarde, pero el juez le levantó el mandamiento de aprehensión y anuló la rebeldía.
Además, la audiencia cautelar de Ramírez Taboada nunca se realizó, sigue pendiente. Nicolás Ramírez Taboada, junto a Sixto Canaza, Paulino Camacho, Nelson Rivadeneira, Dulfredo Dos Santos y otros identificados como integrantes de la Federación de Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte.
Vuelve a amenazar con armas
NicolásRamírez Taboada, fue identificado por la misma Policía, así como campesinos de la Federación Única, de haber participado en otro similar ataque el pasado sábado en la comunidad Pailitas, de la zona Las Londras.
Ramírez Taboada fue señalado de actuar junto a Ever Sixto Canaza, Paulino Camacho y otros en el ataque en Pailitas con el saldo de una persona muerta y al menos 11 heridos. Ramírez Taboada, en rueda de prensa en San Julián sentenció a empresarios a campesinos y a periodistas de medios de comunicación de levantarse en armas para acabar con el atropello que, a su entender, sufren los campesinos de su sector.
Agentes policiales que forman parte de las investigaciones de Las Londras revelaron a EL DEBER, que este mismo grupo actúa para tomar ilegalmente y por temporadas tierras y es solo para saquear maquinarias, bienes. Luego se retiran. En Las Londras, Pailitas, Santa María, 24 de Septiembre, no hay casas de material. Ellos están un tiempo y regresan a sus viviendas estables.Lo hacen por temporadas. “Es mentira que necesitan para vivir, nunca construyen casas, solo saquen”, dijo un agente cercano a las investigaciones.
En las diligencias, hay evidencia que los policías ultrajados y heridos en el ataque a Las Londras quedaron con secuelas al igual que periodistas y trabajadores civiles. Un policía aún vive con una bala en el cuerpo. Sigue trabajando en la Policía, pero sus familiares no ven justicia y están prohibidos de hablar. En las filas de Policía ven que los agresores gozan de protección a través de dirigentes sociales que están ligados a las dos facciones del MAS.
El caso pone a prueba la respuesta de las instituciones.