La mayor cantidad de candidatas inhabilitadas se produjo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 30 en total; lo mismo sucedió con los postulantes indígenas, fueron 31 en los nueve departamentos, lo que redujo sustancialmente la nómina de los postulantes en esta instancia judicial, con miras a las elecciones judiciales.
“Ya es imposible ampliar registros, ya estamos en la etapa de evaluación, veremos qué sucede con las impugnaciones; los candidatos tienen cinco días desde mañana para impugnar sus inhabilitaciones”, dijo este domingo el diputado Jerges Mercado (MAS-ala arcista), integrante titular de la comisión mixta de Constitución, que está a cargo de la preselección de los postulantes al TCP y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este fin de semana se publicó la nómina de los candidatos habilitados e inhabilitados que ingresan a la fase de impugnaciones. Según la revisión de estas listas, los departamentos de Santa Cruz, Potosí, Oruro y Chuquisaca son los que tienen más postulantes inhabilitadas, con cuatro cada uno; en La Paz y Tarija hubo tres inhabilitadas por región; mientras que Pando, Beni y Cochabamba tienen a dos profesionales separadas de las listas.
En el caso de los indígenas, Potosí es el que más inhabilitados tiene, con siete en total; cinco en Chuquisaca y Oruro; cuatro en La Paz, Pando y Cochabamba; un candidato en Beni y Santa Cruz; Tarija no tiene representación indígena.
En el caso del TSJ las cifras de inhabilitados se reduce significativamente, pues hay 14 descalificadas y dos indígenas. El requisito específico cuarto fue el que puso fuera de listas a los candidatos, este precepto exige que los abogados debían acreditar ocho (8) años de experiencia en las áreas de derecho constitucional, derecho administrativo y derechos humanos, requisito que no fue cumplido.
EL DEBER consultó a los candidatos inhabilitados sobre esta decisión de la Asamblea y, de la decena de abogados consultados, nueve dijeron que presentarán su objeción y el último afirmó que está en consultas para ver si viaja a La Paz a objetar su anulación.
Este lunes se abre un periodo de 20 días de impugnaciones y apelaciones; aquellos candidatos que crean que fueron inhabilitados injustamente podrán objetar esa decisión y presentar sus pruebas; si les ratifican la inhabilitación, tendrán una segunda oportunidad pidiendo la revisión de su caso, lo que se constituye en una segunda instancia.
Al mismo tiempo, las personas o las instituciones que consideren que un candidato tiene procesos o fue habilitado indebidamente, podrá pedir la separación de ese candidato, siempre y cuando presenten pruebas de sus acusaciones. Todo ese proceso se producirá durante los siguientes 20 días. El domingo 7 de abril se publicará la lista final de los que irán a la evaluación.