El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un “auto constitucional” que anula la decisión de la Asamblea Legislativa de dejar cesantes a los magistrados del Órgano Judicial, incluidos —claro— las mismas autoridades del TCP. “No pueden ser juez y parte”, reclamó ayer el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tras rechazar esa decisión. La autoridad que es parte del gobernante MAS, pero de la facción evista, aseguró que ninguno de los magistrados que se mantienen en sus cargos tiene un mandato legal.
El documento del TCP sobre la nulidad de la sesión legislativa se divulgó ayer y coincidió con el día en el que se cumplió el plazo para que el presidente Luis Arce promulgue la norma que da por terminada la gestión de los magistrados. El Tribunal estableció, según se lee en ese “auto constitucional”, que Andrónico fue notificado el mismo 6 de junio con un Recurso Directo de Nulidad planteado por el diputado Juan José Jauregui de la facción arcista del MAS. Ese fue el argumento para anular la sesión de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el TCP aún no se pronunció con una sentencia sobre nulidad que reclama Jáuregui, por lo que ese recurso sigue en trámite y tiene un plazo de 30 días más para poder resolverlo.
“La Sala Plena del TCP, en aplicación del artículo 147 del Código Procesal Constitucional, evidencia en el trámite del presente recurso directo de nulidad, la existencia de una nulidad procesal por su origen; en consecuencia, resultan nulos de pleno derecho todos los actos legislativos, efectuadas por la autoridad recurrida, Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con posterioridad a su notificación con el AC0254/2024 CA de 6 de junio”, señala la parte del ‘Por Tanto’ del auto 0041/2024 notificado a las partes la tarde de ayer.
El artículo 147 del Código Procesal Constitucional establece que, desde el momento de la notificación con el Recurso Directo de Nulidad, queda suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto, siendo nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad.
En una conferencia de prensa, Andrónico Rodríguez calificó la resolución del TCP de un intento de los magistrados para “cuidar sus pegas”. “El TCP no puede ser juez y parte. La Asamblea sancionó un proyecto de ley que cesa sus funciones y ahora ellos dicen que no tiene potestad. Para nosotros, cualquier disposición del tribunal es nula de pleno derecho”, declaró la autoridad a los medios.
Andrónico insistió, además, en la necesidad de promulgar las leyes aprobadas en esa sesión. “Las comisiones mixtas están procediendo con normalidad. Exigimos que el Órgano Ejecutivo sancione estas leyes, es un deber constitucional”, apostilló la autoridad.
“Nosotros estamos apelando a su conciencia y voluntad y a su potestad, funciones y atribuciones que le confiere la ley y la constitución al presidente y vicepresidente. De acuerdo a los plazos determinados se debe cumplir este mandato, no es ningún favor a nadie, es deber constitucional de las autoridades electas”, añadió.
En la sesión del 6 de junio, 109 de los 166 asambleístas —entre diputados y senadores— asistieron a la sesión del pleno. Aprobaron un crédito de $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi en el tramo2B Confital-Bombeo, el proyecto de ley 075 del cese de mandato de los prorrogados magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, el decreto presidencial de amnistía e indulto y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales. Las normas fueron validadas por dos tercios.
Jauregui dijo que la nulidad de esa sesión de dio básicamente por la omisión de una medida cautelar establecida en la admisión de la demanda citada “Esto implica que las leyes aprobadas y la resolución de Asamblea son ilegales”.
“Pareciera que para el ciudadano (Andrónico) Rodríguez está pesando más los pactos, los tratos, los acuerdos y contubernios con la derecha”, afirmó Jauregui.
Ponciano Santos, secretario de la Confederación de Trabajadores Campesinos que es leal a Evo advirtió ayer que “cualquier momento puede estallar propnlemas el país y haber bloqueos’’. Esto porque su sector y otros que son afines al expresidente están en estado de emergencia.
Por la tarde, el Senado devolvió los contratos mineros que estaban siendo tratados. Los contratos tienen observaciones ambientales y los mineros cooperativistas arcistas también anticipan protestas ante este nuevo escenario.
