El pastor evangélico, sociólogo y abogado Aníbal Aguilar Gómez, identificado por el Gobierno como el “ideólogo” del asalto militar del 26 de junio, fue beneficiado con detención domiciliaria, pero aún permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), por “maniobras” del Ministerio Público.
En ese marco, crece el temor de que más personas —civiles o militares— sean detenidas e implicadas en las acciones irregulares de la pasada semana cuando, militares irrumpieron en la Plaza Murillo con tanques y tropas de combate.
“Aníbal Aguilar ha sido beneficiado con detención domiciliaria en el entendido de que el juez, a nuestro entender, ha valorado de forma correcta la inexistencia de muchos o varios riesgos procesales. Incluso el Ministerio Público acreditó un par de riesgos procesales”, informó Miguel Ramírez, que es abogado de Aguilar.
La ministra de la Presidencia, María Elena Prada, fue la primera autoridad que la noche del miércoles 26 de junio, mencionó a Aguilar Gómez, citando una supuesta “entrevista policial” que se realizó al general Juan José Zúñiga, la misma noche del 26 tras su aprehensión en el Cuartel de Miraflores.
“El ideólogo fue el Lic. Aníbal Aguilar, quien realizaba presentaciones y análisis en mi oficina desde el mes de mayo, me decía que yo debía realizar un levantamiento donde debíamos salir a la plaza Murillo para tomar el poder y llamar a elecciones”, dice parte de dicha “entrevista”.
Un día después, el jueves 27 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, exhibió ante los medios de comunicación a Aguilar Gómez, enmanillado y con chaleco policial, junto a otras personas detenidas, todos militares, y lo calificó como “delincuente”.
Al respecto, el abogado Ramírez insistió en que su cliente es inocente de todas las acusaciones que le hace el Gobierno de Luis Arce y que no tuvo ningún tipo de participación en dichas acciones, es más, aseguró que fue contratado por el propio ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
“Mi cliente tiene un memorándum de designación como coordinador, y este memorándum ha sido firmado por el ministro de Defensa Edmundo Novillo. Básicamente el contrato laboral es con el Ministerio de Defensa. El memo es de abril de este año (…) sigue siendo funcionario porque no le ha llegado ningún memorial de despido o de desvinculación”, aseguró su defensa.
¿Quién es Aníbal Aguilar?
Aníbal Abel Aguilar Gómez, hasta la fecha, la única persona civil implicada en el asalto militar del 26 de junio, es una persona que tiene 71 años, es hermano del exministro de Educación, Roberto Aguilar, de la era de Evo Morales e hijo de Aníbal Aguilar Peñarrieta, que fue un destacado dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y asesor jurídico de la COB.
Actualmente, según su defensa es funcionario del Ministerio de Defensa. También es docente de altos estudios militares y policiales en las universidades donde se especializan los uniformados.
Pero, además, Aguilar es pastor evangélico y de la iglesia Bautista y pastor de distintas iglesias, afirmó a EL DEBER el presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis Aruquipa Carlo.
“La iglesia Evangélica está en una situación de emergencia porque un pastor, un miembro de la iglesia Evangélica está siendo tildado de ‘delincuente’. La medianoche del sábado el juez ha determinado su detención domiciliaria, pero sorprendentemente el fiscal del caso lo tiene aún detenido injustamente. Solo pedimos que se cumpla la ley”, afirmó Aruquipa.
Según el relato de Aruquipa, el pastor Aguilar Gómez, en una acción irregular, fue detenido el jueves a las 02 de la madrugada en su domicilio, sin la presencia de un fiscal, sin un mandamiento de aprehensión, ni un documento de allanamiento a su domicilio.
“Se le han vulnerado todos sus derechos fundamentales, razón por la cual, el pastor Aníbal Aguilar ha entrado en una huelga de hambre seca, sin consumir ningún tipo de alimento ni agua. Durante la jornada del jueves 27, el Ministerio de Gobierno y la Policía, lo han mantenido incomunicado, no han dejado ingresar a ningún abogado ni a sus familiares”, manifestó Aruquipa.
El líder evangélico presume que las acciones contra Aguilar son parte de una arremetida interna del MAS contra los evangélicos y una saña del gobierno de Luis Arce que ataca a la gente allegada a Evo Morales.
“Por ser hermano del anterior ministro de Educación, Roberto Aguilar, están indicando que es un ideólogo de todas esas acciones. Nosotros como Consejo Nacional Cristiano, estamos en emergencia y por eso estamos acudiendo a instancias internacionales para que se realice una investigación transparente”, afirmó.
Resurge el temor
Este escenario nuevamente trae el temor de que vuelva la persecución contra la gente que no comulga con el Gobierno del MAS.
El capitán de Policía Edman Lara, que fue retirado de las filas del verde olivo y ahora está en una carrera preelectoral, alertó que el futuro de Bolivia es “catastrófico” porque el Gobierno de Arce usará todo el poder del Estado para anular a los actores políticos. Apuntó como el artífice de estas acciones al viceministro y excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera.
“Presumo que después van a haber persecuciones ilegales, van a empezar a perseguir a líderes de oposición, a cívicos, a personas emergentes en la arena política. Van a eliminar la competencia para que el presidente Arce sea el único que tenga la opción de hacerse nuevamente de la presidencia en 2025”, afirmó Lara.
En tanto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, insistió en su planteamiento de que en Bolivia es necesario un “diálogo político responsable” por el bien de la democracia y porque Bolivia no merece jueces auto prorrogados, militares insubordinados, Asamblea Legislativa desconocida, leyes sin promulgar, elecciones judiciales suspendidas y convenios opacos.
“La insubordinación militar vuelve a poner en riesgo a la democracia en Bolivia. El pueblo y sus instituciones defenderemos la Constitución”, publicó Rodríguez en la red X.
Mientras, el expresidente Morales y el presidente Arce están enfrascados en un enfrentamiento verbal en redes por los hechos del 26 de junio. Morales insiste en que no hubo “intento de golpe” y Arce defiende su postura.