Las primeras voces desde el Gobierno apoyando la declaración constitucional que prórroga el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aparecieron este miércoles cuando el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que los poderes del Estado deben seguir funcionando. A su vez, el Procurador aseguró que el fallo 0049/2023n fue apegado a la Constitución Política del Estado.
“Es un momento de transición de los órganos del Estado, en un momento en el que la Constitución y la democracia deben prevalecer sobre cualquier tipo de interés, sobre cualquier afán de destruir la democracia, una sociedad como la boliviana que es profundamente respetuosa de su Constitución, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente”, deslizó el ministro de Justicia en su discurso a la misión de la CIDH en la Cancillería.
El miércoles, el TCP hizo conocer su declaración constitucional en el que no solo hace referencia a los artículos del proyecto de Ley 144 de preselección de autoridades judiciales, sino que también declaró que los magistrados se quedarán en sus cargos hasta que vengan sus sucesores.
Hasta el momento ninguna autoridad de Gobierno se había pronunciado sobre el fallo constitucional aunque demandaron la voz del presidente Luis Arce, principalmente. El procurador del Estado, César Siles, quien fue viceministro de Justicia, saludó la decisión del TCP de prorrogar su mandato y dijo que el mismo es constitucional.
“Es un fallo que seguramente no va a gustar a muchos, pero en criterio de la Procuraduría y del procurador del Estado está basado en la Constitución y en las discusiones que hubo en la Asamblea Constituyente al momento de aprobar los artículos en cuestión”, justificó Siles.
El Gobierno había adelantado que no habría ningún ‘decretazo’ para preservar el mandato de los magistrados, esa declaración se cumplió porque no se prorrogarán por decreto sino por un fallo que fue elaborado por el propio Tribunal Constitucional.
Al igual que el TCP, el procurador Siles llamó a la Asamblea a retomar de inmediato las negociaciones que permitan la elección de nuevos magistrados porque la Carta Magna, dijo, exige dos requisitos: la preselección por dos tercios de voto de los asambleístas y el voto ciudadano.