El fallo que presentó ayer el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no establece un plazo máximo para la elaboración de una norma en la Asamblea Legislativa.
El constitucionalista Gustavo Mendoza señaló que la Declaración 0049/2023 está viciada de inconstitucionalidad, “porque es asumida por autoridades a quienes les queda menos de 3 semanas de periodo constitucional en sus funciones, en un escenario de crisis judicial que día a día encuentra niveles aún más profundos”.
Mientras que, ante el vacío de poder inminente, considera que el Tribunal al Constitucional debió exhortar al Órgano Legislativo emitir una Ley excepcional para regular el mismo, “por una razón lógica, porque el Órgano Legislativo es el órgano con mayor legitimidad (mayor representación), recordemos que la Asamblea Legislativa cuenta con 166 representantes elegidos por las poblaciones, frente a los 9 magistrados elegidos quienes conforman el TCP”. Recordó que los legisladores que en el marco de la Ley 044, “tienen un mecanismo legal denominado juicio de responsabilidades para juzgar a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ante resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, y no dejar su participación en simples lamentos o silencio que resultan cómplices”.
Lamentó el escenario de incertidumbre y abuso del ejercicio del poder del Tribunal Constitucional también es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, “que no tomo con carácter de prioridad el proceso de preselección de candidatos”.
Por su parte, el abogado Juan del Granado lamentó que la elección judicial “no le interesa al Gobierno, prorroga a sus magistrados para no perder el poder sobre esa instancia”, y por eso ni pone fecha límite de realización de las elecciones judiciales.
“De esta forma incurren en un acto delincuencial, de prevaricato. El Parlamento debiera enjuiciarlo, pero no creo que eso tenga un buen destino, como ocurrió en otros casos”, acotó.
El senador por Creemos Henry Montero, aseguró que el Gobierno se mostró interesado en que se procese la ley. “Vamos a ser responsables, para darle viabilidad a que puedan haber elecciones transparentes, pero creemos que el MAS seguirá boicoteando estas elecciones porque no le interesa que se realicen”. Adelantó que no importa el avance “seguirán buscando el pelo en la leche para seguir prorrogándose”.