Solo en este mes hubo dos tomas violentas de tierras en la provincia cruceña de Guarayos, una de las áreas más apetecidas por los llamados Interculturales, antiguamente conocidos como “colonos”. El 2 de diciembre hubo un muerto tras un enfrentamiento y esta semana unas 70 familias de campesinos fueron desalojadas por un grupo armado de San Julián, según la denuncia de las víctimas.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, explicó ayer que esos dos sucesos están vinculados con un tráfico de tierras, de compra, venta y alquiler de propiedades agrícolas, comandado por tres personas que ya provocaron otros hechos violentos en esa zona. Aseguró que están con orden de aprehensión y que “los patrullajes” continúan en esa provincia para poder dar con ellos.
“La Policía emitió informes que han permitido establecer la identidad de estas personas y la modalidad de avasallamiento y el amedrentamiento que provocan en el lugar. También hemos llegado a establecer que esas tierras luego son revendidas o alquiladas a terceros para generar procesos de producción, ampliando así la frontera agrícola”, señaló Aguilera a los periodistas.
Los Interculturales tomaron por la fuerza los terrenos productivos de la comunidad Río Viejo de la Subcentral campesina de Pailitas que está a unos 150 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra. Los afectados denunciaron que fueron desalojados “a palazos” y que tuvieron que huir para preservar su vida porque los atacantes, incluso, dispararon. Las víctimas denunciaron que ese asentamiento data de hace 15 años, aunque aún se espera un fallo del Tribunal Agroambiental (TA).
El martes denunciaron que no fueron escuchados por la Policía y recurrieron a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz. El secretario campesino de Pailitas, Abraham Villegas, dijo ayer que el ataque que sufrieron sus compañeros fue protagonizado por las mismas personas que perpetraron el ataque a Las Londras, del 28 de octubre de 2021 y del enfrentamiento del 2 de diciembre. Se trata de Elías Tejerina, Nicolás Ramírez y Sixto Canaza, sobre quienes pesa una orden de aprehensión por varios cargos. De hecho, Ramírez había anunciado hace dos semanas que iban a “tomar las armas”.
“Estamos en la búsqueda de estas personas que, fundamentalmente, son tres y que dirigen a los interculturales de San Julián, que son quienes provocan estas agresiones”, precisó Aguilera.
Según un relevamiento de la Fundación Tierra, 10 casos violentos por invasión de tierras se investigan desde 2021. Abogados constitucionalistas explicaron a EL DEBER que hay un “abandono doble” por parte del Estado porque —por una parte— la Policía y el Gobierno demoran en brindar garantías sobre la propiedad de la tierra o la protección de áreas forestales en favor del Estado y, por otra, el Tribunal Agroambiental (TA) no emitió los fallos necesarios en favor de la política estatal de recursos agrarios del país.
Así lo mencionó el constitucionalista José Luis Santistevan, quien además señaló que hubo un deterioro de la relación del gobierno del MAS con organizaciones sociales que lo sustentan. “Es una base social que el Gobierno utiliza, junto con otras organizaciones sociales, como un apoyo prebendal. Son organizaciones prebendales y ese es el gran problema de fondo que involucra a un recurso que es de todos los bolivianos”, subrayó.
“Esas tierras no son, en realidad, para responder a una necesidad de pobreza la gente, sino para que los dirigentes afines al gobierno, que ahora están divididos, comentan más delitos con la comercialización a terceros de recursos de los bolivianos”, afirmó el jurista.
Por su lado, el abogado constitucionalista, Israel Quino, explicó que a pesar de las recientes acciones ejecutadas por la Policía, uno de los problemas radica en la ausencia de acciones del Tribunal Agroambiental. Además, consideró que no existe un desarrollo legislativo propio para estos casos.
“Ni siquiera tenemos delitos contemplados en el Código Penal como avasallamientos o que se tenga legislación agroambiental específica en temas de tierras, como derechos de la propiedad y la posesión. Cuando se acude a la instancia policial de seguridad del Estado tampoco tiene las condiciones para actuar de manera inmediata”, puntualizó el jurista, quien también ve ausencia estatal.
El Gobierno, a través de un comunicado divulgado desde el Ministerio de Desarrollo Rural, negó el martes que la institución esté promoviendo los hechos de violencia y los condenó. “Reafirmamos que no se tolerará ningún tipo de actividad que esté al margen de la ley, venga de donde venga”, señaló el comunicado. El ministro de esa cartera de Estado, Remmy Gonzalez, aún no se pronunció. Dirigentes como Villegas lo cuestionó duramente e incluso señaló que “engaña al presidente Lucho (Arce)”.
Ayer, dos días después de las primeras denuncias de los habitantes de Río Viejo, un contingente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y el Grupo Especial de Acción y Reacción (Delta) fueron desplazados a Pailitas. “La intención no solamente fue de retomar el control en Pailitas, dónde se han efectuado enfrentamientos (sic). Esto ha generado que desplacemos talento operativo y técnico para verificar la existencia de pruebas”, afirmó la autoridad poco antes de dar a conocer las evidencias de tráfico de tierras halladas por la institución del orden.
Santa Cruz tiene una superficie de 37 millones de hectáreas y las tierras que estaban habilitadas para saneamiento antes de 2021 alcanzaban a algo más de 35 millones, excluyendo las áreas urbanas y los cuerpos de agua. De estas, 35 millones se han saneado aproximadamente 32 millones de hectáreas; de este total 15,8 millones representan tierras fiscales no disponibles; es decir, reservas protegidas, parques naturales y reservas naturales, según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la institución a cargo de la dotación de tierras.
Según esta entidad, hasta antes de 2021 había 16 millones de hectáreas tituladas bajo diferentes modalidades. En el reporte, revisado por EL DEBER, destaca la propiedad empresarial, mediana y grande que tiene una titulación de 6,1 millones de hectáreas, las tierras comunitarias de origen con 5,2 millones de hectáreas, además de los fundos con 3,3 millones de hectáreas y comunitarias con 1,5 millones (interculturales).
Según la Fundación Tierra, la provincia de Guarayos tiene un alto valor productivo y económico. Por su ubicación, que la vincula con la carretera entre Santa Cruz y Beni, y por ser zona de expansión agrícola, tiene tierras altamente demandadas por distintos tipos de productores, pero especialmente para la producción de soya.
Las familias de los campesinos desalojadas esta semana por la acción violenta de los Interculturales aseguran que están en esa zona hace unos 15 años y que enfrentaron litigio con la empresa Santa María, que anteriormente dominaba la producción.
